RESUMO

O objetivo essencial desta resenha é mostrar os aspectos mais significativos do livro Justiça e Direitos na Convivência Escolar dos médicos, filósofos e advogados colombianos Javier Aguirre e Ana Pabón. Para isso, exploram-se, descrevem-se e interpretam-se de forma analítica os três capítulos que abordam uma análise sistemática da jurisprudência constitucional na Colômbia alusiva aos direitos fundamentais dos alunos contra os manuais, pactos ou regras de convivência das instituições educativas. . Sugere-se que as situações de conflito costumam ser traçadas em torno de aspectos como: cabelos compridos, piercings, expressões de afeto entre alunos, supostos desvios da orientação sexual de alguns deles, gravidez, uso de psicotrópicos, devido processo legal, entre outros. Conclui-se que a consciência social e a aculturação delineiam a educação como oportunidade e possibilidade de construir um desenvolvimento social sustentável. Com efeito, como princípio humanista é possível conceber uma esfera sociopedagógica que sustente a educação com a aprendizagem constitucional. Assim, este texto foi apresentado ao leitor como uma ferramenta educacional para que os alunos conheçam e protejam seus direitos, mas também para que professores e gestores pedagógicos realizem seu trabalho pedagógico atentos aos princípios e valores constitucionais.

Palavras-chave: Constituição, convivência pacífica, direito, educação, justiça social.

Justicia y derechos en la convivencia escolar

En el texto titulado Justicia y derechos en la convivencia escolar (2018) de los doctores, filósofos y abogados colombianos Javier Aguirre y Ana Pabón se analiza de manera sistemática la jurisprudencia constitucional en Colombia alusiva a los derechos fundamentales de los educandos frente a los manuales, pactos o reglas de convivencia de las instituciones educativas. El texto se aborda desde una perspectiva sociocrítica, pedagógica, constitucional y jurídica para comprender posibles respuestas a las cuestiones tales como: ¿Es la escuela un lugar de derecho? ¿cuál es la relevancia pragmática del conocimiento de los derechos y deberes en el contorno escolar?

¿cuál es la brecha entre derecho en términos de normatividad y realidad? ¿cuáles son los límites de facultad disciplinaria de los entes educativos? ¿hasta dónde llegan los derechos fundamentales de los estudiantes?

Los anteriores cuestionamientos matizados por los autores, por un lado, desde disímiles ángulos relacionales, convivenciales, heurísticos, sociales, políticos, filosóficos, y por otro, desde un ámbito constitucional y jurídico. En este texto, los autores reflexionan lo imperativo de los procesos educativos como espacios constructores de ciudadanía, donde emergen principios, valores y derechos constitucionales del sujeto de derecho.

Desde este marco de pensamiento, los autores reflexionan sobre la relevancia de la Constitución de 1991 en el ámbito escolar. En un pequeño manuscrito (113 páginas) editado por la Universidad Industrial de Santander en el 2018 se establece en el texto que se reseña, una estructura compuesta por una introducción, tres capítulos y sucintas conclusiones.

El texto inicia planteando en la introducción que, la Constitución de 1991 resignificó la sociedad colombiana en el marco del derecho para concebir un país más justo, equitativo, pluralista y participativo, fundamentado a su vez, en la apertura sociopolítica, el fortalecimiento de los mecanismos de participación y el principio de soberanía nacional. Así, heterogéneos movimientos políticos y sociales se organizaron para defender sus necesidades y conveniencias desde disímiles terrenos públicos. Sin embargo, los autores plantean que hoy en día el panorama ha cambiado de manera radical, y la Constitución de 1991 parece tener pocos defensores. De hecho, los autores plantean, que Colombia aun no es un Estado social de derecho, para que se pueda consolidar esa condición es menester que se cumplan todas las características del artículo 1 de la una Constitución:

Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general (p.4).

De forma análoga, se debe cumplir el artículo 2, es decir, los fines esenciales del Estado. Asimismo, el primer capítulo se exhibe unas concisas reflexiones sobre la trascendencia de la actividad judicial en el desarrollo del derecho y de la vida social. Se aborda la cuestión de vinculación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el ordenamiento jurídico colombiano y se exponen las connotaciones sociales que esta ha tenido en el campo de la vida cotidiana colombiana.

Un aporte de esta perspectiva de pensamiento yace en el hecho de considerar que en el Estado constitucional la actividad judicial es relevante para el desarrollo del derecho y, por ende, para la construcción de sociedad pluralista. Con el derecho aplicado en la educación se favorece el desarrollo holístico del sujeto. En efecto, la aplicabilidad jurídica en la esfera educativa supone, por ende, un aporte vinculante al proceso de enseñanza y aprendizaje, dado que permite a los sujetos desarrollar su personalidad e identidad, así como sus desempeños físicos e intelectuales. De esta manera, contribuye a su plenitud personal beneficiando la integración social y política.

Conjuntamente, en el segundo capítulo se muestra un metaanálisis de los principales aspectos encontrados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional referentes a los tópicos de naturaleza, legitimidad y pragmatismo del manual de convivencia de los establecimientos educativos, además, de la doble dimensión derecho-deber, el respeto al debido proceso, y el principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Se delinea que las situaciones de conflicto, suelen plantearse en torno aspectos tales como el cabello largo, los piercings, las manifestaciones de afecto entre estudiantes supuestas desviaciones de la orientación sexual de algunos de ellos, los embarazos, el uso de drogas psicotrópicas, el debido proceso, entre otras. En este sentido, el tercer capítulo reflexiona el significado de libertad y autonomía en el contexto del proceso formativo de ciudadanía social.

La estructura general del texto se engrana al objeto de la intencionalidad del autor, dado que subyace una narrativa construida y orientada en los siguientes tópicos: la aplicabilidad de la actividad judicial, el derecho y la constitucionalización en la vida cotidiana; la vinculación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el ordenamiento jurídico colombiano; el precedente constitucional y la fuerza vinculante de la Constitución; las implicaciones de la supremacía de la Carta Política en el sistema de fuentes del derecho; el derecho a la igualdad como fundamento de la obligatoriedad de la jurisprudencia constitucional; los manuales de convivencia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional; la naturaleza, legitimidad y constitucionalidad de los manuales de convivencia; la perspectiva de la educación como derecho-deber; la noción del manual de convivencia y el respeto al debido proceso; el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y la correlación pedagógica entre Constitución, educación, libertad y autonomía.

Los aspectos sociopedagógicos expuestos en esta reseña, plantean la Constitución como fuente principal de derecho, y, por consiguiente, como norma fundamental de la que se derivan las demás reglas de convivencia. La Constitución determina el pilar del Estado moderno, su estructura básica jerárquica (ordenamiento jurídico colombiano), y los principios que regulan el orden jurídico social. Así, en el contexto sociopedagógico, el conocimiento de la Constitución posibilita la participación, el desarrollo político-cívico, individual y social. De ahí que, es ineluctable que los estudiantes la conozcan y la practiquen.

Los derechos fundamentales son una realidad en el ámbito escolar. La tutela y el debido proceso facilitaron la legitimidad y legalidad del proceso pedagógico y de convivencia. Así, la Honorable Corte Constitucional, en sentencias referentes al manual de convivencia han evidenciado a los protagonistas del proceso educativo que, la igualdad de derecho se cristaliza en una igualdad social.

La lectura del texto ha sido una atrayente forma de enlazar la realidad sociojurídica y constitucional con lo educativo y sus incidencias en el quehacer pedagógico y convivencial, despertando a su vez, interrogantes al sistema educativo actual: ¿cómo mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la Constitución política? ¿cómo desarrollar un pragmatismo cívico y social en el estudiantado para mejorar sus competencias ciudadanas?, ¿la ciudadanía participativa aporta en el fortalecimiento de la democracia? ¿cómo la democracia participativa y el diálogo social pueden mediar para la solución de los conflictos en el aula? ¿cómo construir una democracia deliberativa, donde los sujetos de derecho tienen conocimientos y argumentos para debatir y argumentar con alteridad, otredad, autonomía, libertad, igualdad y respeto? ¿cómo fortalecer la democracia desde las relaciones de poder? ¿cómo construir una propuesta curricular, organizada y secuencial, orientada a cultivar una educación constitucional?

Redefinir y transformar la educación desde la esfera del derecho, supone, comprender que la convivencia democrática implica una democracia sociopolítica, con lo cual se democratiza la sociedad desde el marco jurídico, democrático y participativo que garantice un ordenamiento político, económico y social justo. No obstante, para que esa democracia opere en la sociedad se necesita que los individuos conozcan sus derechos y deberes, ejercerlos, exigir su pleno cumplimiento, respetar los derechos del prójimo. Igualmente, el sujeto requiere reconocer la diversidad social, vivir la igualdad en todos sus esquemas morales, ejercer la solidaridad, trabajar para la comunidad, motivar a la participación cívica, entre otras circunstancias. Estas condiciones permiten el desarrollo del estado de bienestar individual y social. La educación de la ciudadanía, supone, la puesta en praxis de una pedagogía abierta, adaptable y dinámica con el contexto social y político del Estado. El robustecimiento de la participación y los valores éticos que la guían, requieren basarse en un marco dialéctico pluralista, integrador e incluyente.

La pedagogía constitucional frente al tema de la justicia y los derechos en la convivencia escolar, comporta unos elementos imprescindibles del derecho, los cuales subyacen en la igualdad, libertad, dignidad, justicia y el bien común. Por tanto, la educación necesita enfatizarse en la formación integral de ciudadanos con sentido social, tomando como referencia las relaciones entre sociedad, los derechos y los deberes; elementos necesarios en el momento de dimensionar un auténtico Estado social de derecho. Por tal razón, un aula democrática precisa enfocarse en la apertura de tópicos sociojurídicos que envuelven un conocimiento nítido de la Constitución.

La concientización y culturalización de la sociedad, incluye percibir la educación como una oportunidad y posibilidad para construir un desarrollo social sostenible para todos. En efecto, como cimiento humanista posibilita forjar una esfera sociopedagógica que enlaza la educación con el derecho constitucional. Es así que este texto, se presenta ante el lector como una herramienta educativa para que los estudiantes conozcan y defiendan sus derechos, pero también, para que los docentes y directivos docentes realicen su labor pedagógica conscientes de los principios y valores constitucionales.

Pablo Emilio Cruz Picón Magister en Educación/Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB)

pcruz553@unab.edu.co https://orcid.org/0000-0003-2548-4657

Lady Jazmmin Hernández Correa Especialista en Innovación Docente Mediada por TIC /Universidad ECCI

ladyj.hernandezc@ecci.edu.co https://orcid.org/0000-0002-5399-3849