Editorial
INCISOVol. 26, núm. 1, 2024 | ISSN 1794-1598 (impreso) | e-ISSN 2346-0792 (en línea)

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Berónica Narváez MercadoORCID

Doctora en Derecho, Magister en Administración y Derecho Empresarial de la Universidad Libre de Costa Rica y Colombia.

DOI https://doi.org/10.18634/incj.26v.1i.1463

Cómo citar Narváez Mercado, B. (2024). Editorial. Inciso, 26(1). https://doi.org/10.18634/incj.26v.1i.1463

Licencia Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0). Inciso. Copyright 2024. Universidad La Gran Colombia.

Las discusiones en torno a la propiedad en el pasado reciente se enmarcan en varios campos. Dos de ellos son, la expropiación con fines de reasignación (como lo son las reformas agrarias) y los tributos (fiscales y parafiscales) al ejercicio de actividades productivas. En el primer caso, es importante indicar que las expropiaciones en sí no están prohibidas, sino que pueden proceder siempre que, den lugar a la correspondiente indemnización para el titular previo, y se siga un debido proceso administrativo o judicial, que motive las causas de utilidad, de interés público que se aducen y estas se puedan controvertir. En el segundo, la experiencia muestra que más que expropiación, se da un derrocamiento de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, puesto que la cantidad de esfuerzo patrimonial para adquirir los bienes es mayor, a la vez que el margen de utilidad de quienes (empresas y particulares) desarrollan actividades económicas disminuyen. En los contextos de gobiernos de partido único, la experiencia comparada de países que hacen reformas agrarias con fines de redistribución, muestra que una reasignación con fines de ‘justicia social’ más que ser equitativas, dan la sustitución de un latifundista por otro en aprovechamiento de quienes detentan los poderes del régimen, con tasas finales de uso de la tierra peores a los que se buscaba superar en un inicio (Martín-Martín, Jerez-Darias, & Martín-Fernández, 2019).

En las ciencias sociales en particular, las perspectivas contra la propiedad no son recientes y cuentan con una historia que se relata en aulas universitarias, con particular reseña sobre los males del capitalismo que aún quienes han revisado en los males que se le achacan, ilustran el exceso de ello, como bien lo hacen Callon & Latour (2011), en su estudio del capitalismo como noción que sirve de fundamento al MAUSS, como se le conoce en círculos universitarios al Movimiento Anti Utilitarista en las Ciencias Sociales. Como su nombre lo indica la postura del MAUSS, es lo que en términos jurídicos denominaríamos, oponerse a la generación de frutos de los bienes, o en economía, a la generación de rentas. Es decir, esta visión participa de la vista de que el capitalismo en su esencia, como forma de hacer productiva la propiedad, es malo, porque induce al individualismo desconsiderado. Desea por tanto el MAUSS con ello, que las personas tengan actitudes más altruistas en el intercambio de los bienes y servicios, prescindiendo inclusive de la consideración de la utilidad, renta o beneficio monetario, por una apreciación de calidades <<dones>> de las personas, lejos del capital.

Estas posturas que aparecen en lo lejano, inclusive como inofensivas, no lo son tanto. Las decisiones teóricas tienen consecuencias prácticas. En ello Colombia ha tenido ministros de minas y energía, signatarios de estas posturas antiutilitaristas con medidas que tienen consecuencias para la sociedad, apostando por decrecimiento económico y apagado gradual de la industria minero-energética. Esto remarca que ese divorcio de teoría-práctica, no se puede ser tal, porque las consecuencias de las posturas que se asumen pueden tener efectos fatales en la realidad.

En Holanda ya se conocen decisiones en que jueces ordenan al país a reducir emisiones de CO2 en un 25%, respecto del producido en 1990. Decisiones celebradas en círculos académicos ambientalistas por ser medidas en torno al cambio climático, son recibidas en los entornos empresariales con la gran preocupación de como jueces de instancia, ordenan el apagado empresarial a esa escala: casi equivalente a despedir uno de cada cuatro empleados o asumir que, de nuestro ingreso el mismo solo estará disponible en ¾ partes, por una decisión judicial en la que ni siquiera se es parte.

Considerando que las decisiones judiciales se emiten con la vocación de ser cumplidas, medidas activistas de este tipo guardan muy serias preocupaciones sobre lo que es el entramado productivo en los Estados y de los ingresos tributarios que por esas actividades económicas se estiman. En otras palabras, una decisión que es avalada por considerarse ética con el ambiente bajo distinto tipo de argumentos, inclusive jurídicos, tiene la entidad de dar al traste con lo que es la estabilidad institucional del conglomerado estatal, pagando la población las consecuencias de ello.

Todo esto remarca que tanto la renovación del enfoque editorial de la Revista Inciso para contemplar las áreas de Derecho, Gobierno y Relaciones Internacionales, y Comunicación Social y Periodismo, y sus relaciones, es un acierto. Compromisos internacionales de los Estados en materia medio ambiental, no pueden ser atendidos sin que se proceda coordinadamente por los implicados y el activismo judicial que en oportunidades se ve como el salvador, puede implicar graves consecuencias para la población como demás instituciones estatales. Esto resalta el valor de artículos que han salido publicados en anteriores ediciones de la Revista Inciso, como “Los nuevos sujetos de derecho en el ordenamiento jurídico colombiano, garantías y dificultades” de Osorio-Rincón (2023), que revisó la realidad hasta 2020, de la decisión T-622 de 2016, sobre el Río Atrato como sujeto de derechos, así como y la necesidad de la autocontención judicial, como consta en la línea que esgrime el artículo de Gallego-Rodríguez (2023) titulado: “Autocontención judicial en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana”.

Esta línea de examen y ponderación de cómo se emiten y si se cumplen o no, y cómo afectan las decisiones judiciales a las actividades de gobierno, encuentra continuidad en otros trabajos que se publican simultáneamente en revistas del continente. Tal es el caso de “La naturaleza como sujeto de derechos. Perspectiva problemática y crítica de una construcción del juez constitucional” y la “Ampliación del ámbito regulatorio estatal y protección de la propiedad: Reflexión crítica desde el arbitraje internacional de inversión contra Colombia”, llevados a cabo por docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales.

Retomando la línea sobre el MAUSS y las consideraciones éticas sobre las demás personas, ha tenido muy buena prensa en medios de comunicación, lo que ha sido el establecimiento de tributos saludables para desincentivar el consumo de los alimentos con alto contenido de azúcares. o alimentos ultra procesados. Es decir, a nivel de la opinión pública, hubo receptividad de las medidas en pro de la salud de los habitantes, con indicación por etiquetas de su contenido nocivo para la salud. Estas medidas elevan el costo de los alimentos, haciendo más difícil su compra por quienes los consumen y hoy en día bajo la realidad de la medida, se asume por la población dos circunstancias: i) que el no incremento de los productos por las empresas no es una realidad ii) que el desincentivo de su consumo, es entre escaso a irreal por el uso de las etiquetas, y su reducción de consumo se debe al incremento del precio.

Esta perspectiva de buena prensa no sólo avala más impuestos, sino que hace perder de perspectiva la gestión del gasto de esos nuevos ingresos estatales, como mandan los principios de justicia y equidad tributaria para la administración pública. Como bien lo analizó en su momento Atencio-Valladares (2015), estos tributos fiscales y parafiscales, que inclusive se pueden incrementar por sectores hasta anular el margen de ganancia de los empresarios, se pueden convertir en medidas expropiatorias o equivalentes a expropiación sin indemnización, en lo que ya ha sido la experiencia venezolana.

En el transcurso de la escritura de estas líneas, el panorama estatal en Colombia es el que corresponde a la tendencia de generar en medios de comunicación un sesgo antiempresa y de seguir endilgando a los agentes económicos, diverso tipo de responsabilidades por tributación por debajo de las nuevas cotas estatales, o directamente acusándoles de evasión o elusión de impuestos. Esta triste tendencia en medios, igualmente con buena receptividad en la opinión pública por el sesgo creado, avala medidas más fuertes por la administración tributaria Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) contra empresarios y deudores de impuestos.

En este mes de junio, se conocen denuncias de la DIAN a la Fiscalía, para que persiga penalmente a morosos de impuestos por omisiones de agentes retenedores, a la vez que se pide en medios mayores facultades de fiscalización e investigación para la Administración Tributaria, aparte de las ya vigentes en el artículo 684 del Estatuto Tributario. De estas últimas, la doctrina ha indicado, que se ejercen en ocasiones sin motivación alguna contra el contribuyente, como recientemente ya lo estudió Sarmiento-González (2024). Esto puede abrir la caja de pandora a muchos tipos sancionatorios indeterminados, como también ya lo ha advertido la doctrina en derecho administrativo aquí en el continente (Letelier, 2017) y en Europa (Domenech-Pascual, 2012), con desenlace en expropiaciones sin indemnización.

En resumen, pese a que no se ven en primera medida escenarios propiamente de expropiación sin indemnización, lo relatado aquí entre las áreas de medios (comunicación), medidas de gobierno y actividad judicial, resalta que los trabajos de este tipo tienen el poder de desentrañar sobre el fin de cuentas, los efectos del sector público en la sociedad y ser conscientes antes de que estas medidas sobrevengan en la dura realidad.

A las universidades, como La Gran Colombia, les sobreviene el reto de llamar a esta reflexión y de proponer en los actores, universidad, empresa, Estado y sociedad, formas de generar nuevo conocimiento sobre los que se vive contextualmente, avanzando a la investigación por oferta y la investigación por demanda, pero en ningún caso a la inmovilidad. Finalmente, pero no menos importante, todo ello en consideración de que se haga en pro del bienestar de las personas bajo posturas adecuadas de desarrollo sustentable, sin un activismo ciego como se vio en el breve ejemplo de Urgenda VS. Netherlands.

Esperamos, la audiencia entienda esta línea editorial tan crítica y responda con altura a las exigencias de este tiempo. La protección de las libertades demanda trabajo riguroso en tiempos tan apremiantes, así la voz responsable sea desatendida y no escuchada, como la historia griega de Casandra en el ejercicio de su don de profecía

Referencias biliográficas

Atencio-Valladares, G. (2015). Tributación, regulación y principio de no confiscación en Venezuela. Revista ICDT, 73: 389-412. Disponible en https://tipg.link/NALM

Callon, M., & Latour, B. (2011). “¡No calcularás!” o cómo simetrizar el don y el capital. Athenea Digital, 11(1), 171-192. Disponible en: http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital/article/view/847

De-La-Cámara, M. A. (2022). Urgenda Foundation V. State of the Netherlands. Revista Española de Derecho Constitucional, (126), 299-330.

Domenech-Pascual, G. (2012). Cómo distinguir entre una expropiación y una delimitación de la propiedad no indemnizable. InDret, Vol. 2012. No. 2, 1-60.

Figueredo-Medina, G. (2024). Ampliación del ámbito regulatorio estatal y protección de la propiedad: Reflexión crítica desde el arbitraje internacional de inversión contra Colombia. Revista de Derecho Económico, Vol. 81 Núm. 1 (2024), 3-27. https://doi.org/10.5354/0719-7462.2024.72304

Figueredo-Medina, G. (2024). La naturaleza como sujeto de derechos. Perspectiva problemática y crítica de una construcción del juez constitucional. Estudios constitucionales, 22(1), 86-123.

4 ISSN: 2346-0792

Gallego-Rodríguez, L. K. (2023). Autocontención judicial en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. Revista Inciso, 25(2). https://doi.org/10.18634/incj.25v.2i.1459

Letelier-Wartenberg, Raúl. (2017). Garantías penales y sanciones administrativas. Política criminal, 12(24), 622-689. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-33992017000200622

Martín-Martín, V. O., Jerez-Darias, L. M. y Martín-Fernández, C. S. (2019). Balance de las reformas agrarias en África bajo los gobiernos de partido único (1945-1980). Estudios Geográficos, 80 (286), e004. https://doi.org/10.3989/estgeogr.201924.004.

Osorio-Rincón, P. A. (2023). Los nuevos sujetos de derecho en el ordenamiento jurídico colombiano, garantías y dificultades. Revista Inciso, 25(2). https://doi.org/10.18634/incj.25v.2i.1450

Sarmiento-González, M. J. . (2024). Motivación de los actos administrativos emitidos por órganos administrativos (énfasis en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia). Revista de derecho Fiscal, (25), 7-36. https://doi.org/10.18601/16926722.n25.01