Aplicación del Control de Convencionalidad en la jurisprudencia laboral de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en los años 2018 y 2019
INCISOVol. 26, núm. 1, 2024 | ISSN 1794-1598 (impreso) | e-ISSN 2346-0792 (en línea)

Artículo de investigación en Derecho y Ciencia Política

Aplicación del Control de Convencionalidad en la jurisprudencia laboral de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en los años 2018 y 2019

A review of the Conventionality Control in the labor jurisprudence of the Supreme Court of Justice Labor Cassation Chamber in 2018 and 2019

Alexandra Hurtado Muñoz*

*Abogada, Magister en Derecho Público. Las opiniones expresadas en el presente documento no involucran en modo alguno a la entidad, corresponden a reflexiones académicas de la autora derivadas de su trabajo de grado de Maestría. Correo electrónico: alexahumu@gmail.com

Fechas Recibido: diciembre de 2023 | Aprobado: julio de 2024 | Publicado: 29/07/2024

DOI https://doi.org/10.18634/incj.26v.1i.1460

Cómo citar Hurtado Muñoz, A. (2024). Aplicación del Control de Convencionalidad en la jurisprudencia laboral de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en los años 2018 y 2019. Inciso, 26(1). https://doi.org/10.18634/incj.26v.1i.1460

Licencia Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0). Inciso. Copyright 2024. Universidad La Gran Colombia.

Resumen

El presente documento se analiza el alcance e influencia del término Control de Convencionalidad en la Jurisprudencia Laboral de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, bajo la mirada de una metodología teórica, hermenéutica, haciendo uso de la técnica de investigación “Análisis documental” e implementando una matriz de recolección de información a través de la cual se examinaran las sentencias del periodo 2018 - 2019 en las que la Corte hizo uso del Control de Convencionalidad en material laboral; mostrando la evolución de los derechos sociales- laborales a nivel nacional e internacional y el alcance e impacto que las directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos generan en el ordenamiento interno de Colombia como Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia ha asumido la misma postura de la Corte Constitucional frente a la aplicación del monismo constitucional moderado.

Palabras claves: corte interamericana de derechos humanos, convención americana de derechos humanos, control de convencionalidad, poder judicial, monismo moderado.

Abstract

This document employs a theoretical-hermeneutic methodology to analyze the scope and influence of the term “control of conventionality” in the labor jurisprudence of the Supreme Court of Justice Labor Cassation Chamber. It uses the research technique “documentary analysis” and implements an information collection matrix to examine the judgments of the period 2018-2019 in which the Court made use of the aforementioned term. The concept of “Control of Conventionality” in labor matters will be examined, with a focus on the evolution of social-labor rights at the national and international levels. Additionally, the scope and impact of the guidelines of the Inter-American Court of Human Rights on the internal order of Colombia as a State party to the American Convention on Human Rights will be explored. It should be noted that the Supreme Court of Justice has assumed the same position as the Constitutional Court regarding the application of moderate constitutional monism.

Key words: inter-american court of human rights, american convention on human rights, conventionality control, judicial power, moderate monism

Introducción

En materia de protección de derechos laborales, es preciso analizar el alcance del término Control de Convencionalidad, usado concretamente en las sentencias que tratando asuntos en material laboral ha proferido la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, en calidad de alta Corte de cierre en materia laboral de la jurisdicción ordinaria en el periodo 2018 - 2019, bajo la mirada de una metodología hermenéutica-teórica, haciendo uso de la técnica de investigación “Análisis documental” e implementando una matriz de recolección de información, a través de la cual se examinaran las sentencias identificadas y conocer de esa manera el alcance de la protección y garantías del derecho al trabajo que la Convención Americana de Derechos Humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le han dado, partiendo de la obligación que tiene Colombia como Estado parte de la Convención de que su ordenamiento jurídico sea coherente con lo en ella estipulado.

La convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por varias naciones americanas, entre las que se encuentra Colombia, obliga a las naciones que se adhieran a ella, a que su legislación interna no sea contraria a sus disposiciones, exhortando que a través de sus órganos estatales ligados a la administración de justicia, incluyendo a los jueces y al poder judicial, se ejerza un Control de Convencionalidad, a fin de salvaguardar los derechos esenciales de los hombres del continente americano, entre los que se encuentran, el derecho a la vida, derecho a la integridad personal, prohibición de la esclavitud y servidumbre, derecho a la libertad personal, garantías judiciales, principio de legalidad y retroactividad, derecho a indemnización, protección de la honra y de la dignidad, libertad de conciencia y de religión, entre otros, y si bien de forma taxativa no menciona el derecho al trabajo, por su naturaleza es prudente concluir que hace parte del Capítulo III de la Convención “Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (Corte Interamericana de Derecho Humanos, 1969).

La Convención debe ser interpretada siempre a favor del goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por ella, siendo deber de Colombia garantizar que su legislación no riña con su contenido y, de acuerdo con la teoría monista constitucional moderada, resultado de la armonización del derecho constitucional interno y los tratados internacionales sobre derechos humanos, la Convención mantendrá la misma posición jerárquica de la constitución colombiana.

Sin embargo, la postura de la Corte Constitucional Colombia que es la misma corriente que asume por la Corte Suprema de Justicia, de conformidad a lo planteado en la sentencia C-400-1998 (Corte Constitucional, 1998), muestra que de presentarse algún conflicto entre el derecho internacional y el derecho interno se privilegiara al derecho nacional por encima del internacional.

En Colombia, el derecho al trabajo se consagró como derecho fundamental en el artículo 25 de la Constitución Política de 1991 (Gómez, 2007, p. 25); sin embargo, la realidad del país muestra cómo este derecho no cumple en gran porcentaje de la población colombiana, con los mínimos que garanticen condiciones dignas y justas. Consecuencia de esto es que asuntos de carácter laboral abundan en los juzgados y tribunales competentes para conocer de esta materia, en busca del reconocimiento de derechos, indemnizaciones, mejores condiciones y el cumplimiento de las obligaciones pactadas entre trabajador y empleador.

Así las cosas, el presente artículo tiene como objetivo analizar el alcance e influencia del Control de Convencionalidad, en la jurisprudencia laboral colombiana de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos, considerando que existen sentencias de la Corte Interamericana que dan especial protección a derechos laborales y teniendo en cuenta, tal como lo plantea la Doctora Juliana Sánchez Vallejo, en su artículo ‘La Influencia de la Jurisprudencia Interamericana. El Control de Convencionalidad y las Leyes de Amnistía’ (2018) no hay duda de que las sentencias de la Corte Interamericana son recibidas de distintas maneras por los Estados signatarios.

Marco Teórico

El Bloque de Constitucionalidad es un conjunto normativo que contiene disposiciones, principios y/o valores constitucionales, que se incorporan en el texto constitucional por los tratados de derechos humanos, que han sido suscritos y ratificados por el Estado Colombiano, otorgándoles jerarquía constitucional (Góngora-Mera, 2014), entre los que se encuentra la Convención Americana de Derechos Humanos (OEA, 1969) que consolida en el continente Americano, un régimen de libertades personales y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre, obligando a las naciones que la han ratificado, entre las que se encuentra Colombia, a que su legislación interna no sea contraria a sus disposiciones y a que a través de sus órganos estatales ligados a las administración de justicia, incluyendo para el caso que nos ocupa en la presente investigación a la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, se ejerza un Control de Convencionalidad a fin de salvaguardar los derechos esenciales plasmados en la Convención, sin embargo este último es limitado por la teoría orientadora del monismo constitucional moderado a través de la cual se reglamentan las relaciones entre el derecho internacional y el derecho colombiano, donde de presentarse conflicto entre el ordenamiento jurídico interno y el internacional, prevalecerá el interno (Huertas-Cárdenas, 2016).

Es la Sentencia C-400-1998 de la Corte Constitucional la más relevante frente a la interacción del ordenamiento jurídico interno con el internacional, pues a través de ella adopta la teoría del monismo constitucional moderado donde la obligación internacional se funda exclusivamente en la voluntad de los Estados, permitiendo que, en el plano internacional, las normas internas justifiquen eventuales incumplimientos de obligaciones internacionales, pese al intento de la Corte Constitucional de armonizar el artículo 4º de la Constitución que estable que la Constitución es norma de normas con los principios del derecho internacional.

Es a través de esta Sentencia que la Corte Constitucional explica los dos enfoques del monismo, esto es, monismo constitucionalista y monismo internacionalista.

Sobre el primero, manifiesta que el derecho que prevalece es el interno, donde la obligación internacional se funda exclusivamente en los Estados mostrándose irrespetuoso ante el ordenamiento jurídico internacional. En cambio, para el segundo, las normas internacionales tienen una vocación supranacional y deben ser respetadas. Al descartar ambas teorías, la Corte acoge la tesis intermedia “monismo moderado” de Alfred Verdross (Huertas-Cárdenas, 2016), que reconoce la posibilidad de conflictos entre el ordenamiento jurídico interno y el externo, pero también una coordinada integración dinámica entre el derecho internacional y el derecho interno en el constitucionalismo colombiano, donde prevalecerá siempre el interno de conformidad al artículo 4º de la Constitución Política, que textualmente reza:

Artículo 4o. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales (2007, p.14).

Entendiendo entonces que ni siquiera los tratados de derechos humanos de que trata el artículo 93º de la Constitución (2007, p.77), tienen una jerarquía supraconstitucional, sin embargo, por formar parte del Bloque de Constitucionalidad, permiten una interpretación constitucional, armonizando de alguna forma el contenido del artículo 4º de la Constitución, sin dejar de lado la supremacía de la Carta Magna y su autonomía funcional.

Bloque de Constitucionalidad

Es una figura adoptada por la Corte Constitucional Colombiana, usada por primera vez en la Sentencia C - 225 de 1995 (Corte Constitucional, 1995), que incorpora en el texto constitucional los tratados de derechos humanos, que han sido suscritos y ratificados por el Estado colombiano, sin encontrarse expresamente en el articulado constitucional, cuya limitación se prohíbe en los Estados de excepción y prevalecen en el orden interno. Su principal fundamento jurídico se establece en el artículo 93 de la Constitución Política, a cuyo tenor establece en sus dos primeros párrafos:

Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de excepción, prevalecen en el orden interno.

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (Gómez, 2007, p. 77).

Las normas internacionales hacen parte de la legislación interna al ser ratificadas por Colombia, en la sentencia C, 400 - 98 la Corte Constitucional asume la postura del monismo constitucional moderado, entendiendo que los tratados sobre derechos humanos se incorporan a la constitución a través de su artículo 93, adquiriendo su misma posición jerárquica (Corte Constitucional, 1998).

El Bloque de Constitucionalidad permite, entonces, la incorporación de nuevas normas y principios sin necesidad de modificar el texto de la Constitución, cuyos derechos y libertades deben ser interpretados de conformidad a los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Dentro de la estructura jerárquica de las normas en Colombia, el Bloque de Constitucionalidad (Chaves, et al., 2018) se encuentra en el mismo nivel de la Constitución Política de 1991, esto es en la cúspide normativa. La Corte Constitucional ha usado el término en sentido estricto para hacer referencia a las normas de jerarquía constitucional y en sentido amplio o lato para las demás disposiciones normativas que no tienen grado de constitucionales.

Su objetivo principal es lograr armonía y sincronía entre el artículo 4º (La constitución como norma de normas) (Gómez, 2007, p. 4) y el 93º (Bloque de Constitucionalidad) de la Constitución Política de 1991 (p. 77), en busca de garantías y defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Convención Americana de Derechos Humanos y Derechos Laborales con protección internacional

La Convención Americana de Derechos Humanos (OEA, 1969) es un pacto entre Estados Americanos signatarios, a través del cual se realizó una recopilación de derechos esenciales del hombre, que no nacen del hecho de ser nacional de un Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual requieren de protección internacional.

De conformidad al artículo 33 del Capítulo VI “De los órganos competentes” de la Convención, son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados en la convención:

a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión. Que en relación con el artículo 41 de la Convención, tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones:

  1. • Estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América;
  2. • formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos;
  3. • preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones;
  4. • solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos;
  5. • atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten;
  6. • actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención, y
  7. • rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA, 1969).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ejercicio de su doble función, consultiva, jurisdiccional, tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, o por declaración especial (Artículo 62 · 3º.) y se hayan agotados los recursos dentro del sistema normativo interno (1969).

La Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada también por Colombia, obliga a las naciones que se adhieran a ella, a que su legislación interna no sea contraria y a que a través de sus órganos estatales ligados a la administración de justicia, incluyendo a los jueces y al poder judicial, se ejerza un Control de Convencionalidad, a fin de salvaguardar los derechos esenciales de los hombres del continente americano y a garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades contenidos en ella.

Entre ellos se encuentran el derecho a la vida, derecho a la integridad personal, prohibición de la esclavitud y servidumbre, derecho a la libertad personal, garantías judiciales, principio de legalidad y retroactividad, derecho a indemnización, protección de la honra y de la dignidad, libertad de conciencia y de religión, entre otros, y si bien de forma taxativa no menciona el derecho al trabajo, por su naturaleza es prudente concluir hace parte del Capítulo III de la Convención “Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

Citando expresamente el artículo 26:

Artículo 26. Desarrollo Progresivo; Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados (1969).

La Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto San José es fundamental dentro del sistema interamericano para promover y garantizar la protección de derechos humanos en el continente americano, obligando a los Estados parte al desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales, entre los que se encuentran los derechos laborales que inciden directamente en la calidad de vida, en el acceso a prestaciones sociales, en tener derecho a la salud y a la pensión, en poder satisfacer las necesidades mínimas y en garantizar la dignidad humana de los trabajadores y sus familias.

En coherencia con lo anterior, es prudente concluir que, por su relevancia y conexión, los derechos humanos laborales forman parte de los derechos humanos fundamentales; sin embargo, no solo la Convención Americana de Derechos Humanos en su Capítulo III y los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos generan una protección especial con alcance internacional a derechos y libertades de carácter laboral, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de 1966, la Declaración de Filadelfia de 1944, la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo de 1919, entre otros, se unen a la Convención identificando derechos laborales que pese a ser parte del grupo de los llamados derechos sociales por su condición intuitu personae logran clasificarse como derechos humanos, en busca de generar garantías y protección a los mismos.

La libertad de trabajo, la prohibición de la esclavitud y de la servidumbre, la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio, el derecho al trabajo, la protección contra el desempleo, la protección contra el despido, la prohibición de la discriminación en materia de empleo u ocupación, la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, la prohibición de la discriminación de personas con responsabilidades familiares, la seguridad e higiene en el trabajo, el derecho a condiciones justas, equitativas y satisfactorias del trabajo, la jornada máxima de trabajo, el descanso semanal remunerado, el descanso remunerado en feriado y las vacaciones periódicas pagadas, el derecho a una remuneración mínima, el derecho a la promoción en el empleo, el derecho a la formación profesional, el derecho a la información y a la consulta en los procedimientos de despido colectivo, a la libertad sindical, el derecho a la protección de los representantes de los trabajadores y facilidades para el ejercicio de sus funciones, a la negociación colectiva, el derecho a la huelga, el derecho a la seguridad social, a la asistencia médica, a prestaciones monetarias por desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el derecho a prestaciones de maternidad, protección especial a los menores de edad, a las mujeres trabajadoras, a los trabajadores migrantes y minusválidos (Canessa, 2012), son los derechos en materia laboral que han adquirido protección internacional y que dependiendo de la norma internacional en la que se encuentran y de que Estados son parte de ella, generan la obligaciones de cumplimiento y de guardar coherencia con el ordenamiento jurídico interno de los Estados parte.

De otro lado, las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos han creado doctrina que marca el camino a recorrer en aspectos específicos, que para los Estados parte de la Convención no siempre son bien recibidos, más aún cuando abarcan temas que no fueron incluidos de forma taxativa en la Convención o Pacto de San José en Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969 (OEA, 1969), teniendo en cuenta que varios pronunciamientos en materia laboral han dejado incluso sin efecto ha sentencias que dentro del ordenamiento jurídico del Estado donde se emitieron habían puesto fin a procesos judiciales laborales.

Control de Convencionalidad

Es obligación de los Estados signatarios, velar porque su ordenamiento jurídico interno se alinee con lo pactado en la Convención Americana de Derechos Humanos de conformidad a sus artículos 1.1º y 2º, verificando la conformidad de las normas internas, su interpretación y aplicación en el plano de sus respectivos derechos internos, mostrando que cuando es necesario se positivan postulados, interpretaciones, aclaraciones y opiniones consultivas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, es el Control de Convencionalidad la herramienta a través de la cual, una vez se identifiquen esas disposiciones contrarias a la Convención, se garantizará el cumplimiento de lo estipulado en ella, dejando de lado la posibilidad de incumplir su contenido escudado en el derecho interno o normas inconvencionales, exigiendo a los jueces nacionales y órganos vinculados a la administración de justicia, ejercer el Control de Convencionalidad de oficio y alinear sus decisiones a la postura que la Corte Interamericana de Derechos Humanos asume en su jurisprudencia a través de la cual desarrolla y garantiza la protección de los Derechos Humanos.

El Control de Convencionalidad (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2019) tiene aplicación en el ámbito interno e internacional, en el interno a través de la verificación que realizan los agentes del Estado y los operadores de justicia, de la conformidad de las normas y prácticas nacionales con la Convención Interamericana de Derechos y en el internacional, siendo función exclusiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expulsar normas contrarias a la Convención, a partir de los casos concretos que se someten a su conocimiento, cuando el problema jurídico no logra ser resuelto en la jurisdicción interna y viola derechos humanos siendo posible instar el derecho internacional, permitiendo justiciabilidad en ejercicio de la convención interamericana de derechos humanos del Estado parte.

Para los Estados parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos serán dos los controles que deberán realizar: uno, el Control Constitucional que investiga la congruencia de las normas infraconstitucionales con la norma fundamental, la cual puede ir desde su derogación erga Omnes, hasta la inaplicación para el caso en concreto, y el segundo, el Control de Convencionalidad que se focaliza en detectar la consistencia de la norma interna con un plexo convencional internacional, determinando eventualmente la responsabilidad del Estado, postura en la que los tratados tienen seguridad jurídica sobre el derecho nacional, totalmente contradictorio a lo expuesto en el artículo 4º de la Carta Magna de 1991 que establece la Constitución prima sobre las normas internas e internacionales (Gómez, 2007, p. 14).

Este acápite tiene como antecedente, en relación al Control de Convencionalidad el siguiente caso:

  1. • Myrna Mack Chang vs. Guatemala. La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Guatemala responsable por la violación de los artículos 1º (obligación de respetar derechos), Artículo 4º (Derecho a la vida), Artículo 5º (Derecho a la Integridad Personal), Artículo 8º (Garantías Judiciales) y Artículo 25 (Protección Judicial) de la Convención, en atención a que agentes militares asesinaron a la señora Myrna Mack Chang, quien realizaba actividades de investigación sobre las comunidades de población en resistencia y las políticas del Ejército guatemalteco hacia las mismas, cuando el Estado se encontraba sumido en un conflicto armado interno (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2009). En esta Sentencia el Juez Sergio García Ramírez presenta voto razonado a través del cual exhorta el deber de los jueces de realizar un control para verificar el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos.

El Derecho al Trabajo en la Constitución Política colombiana

Colombia es un Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que lo integran y de la prevalencia del interés general.

A través de su Constitución, como la máxima expresión de la jerarquía normativa del país, asegura a las personas la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad, y la paz, mostrando desde su preámbulo que para lograr el desarrollo efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales es necesario precisar una protección constitucional del trabajo, al grado de estimarlo como un principio fundante del Estado colombiano, no solo por incluirlo en el Capítulo 1 del Título II, que consagra los derechos fundamentales, que se convierte en derecho fundamental por incidir directamente en la dignidad humana y la obtención y reconocimiento de derechos como los son, el derecho a una alimentación, a la salud, a una vivienda, a la educación, entre otros.

La Constitución política de 1991 desarrolló el derecho al trabajo en Colombia a través de los siguientes artículos:

  1. • Artículo 25º “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.” (Gómez, 2007, p. 25),
  2. • Artículo 26º “Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. (p. 25)
  3. • Artículo 39º “Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado.” (p. 35)
  4. • Artículo 40º numeral 7º “Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.” (p. 35)
  5. • Artículo 48º “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.” (p. 40)
  6. • Artículo 49º “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado.” (p. 43)
  7. • Artículo 53º “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo.” (p. 44)
  8. • Artículo 55º “Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley.” (p. 46)
  9. • Artículo 56º “Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador.” (p. 47)
  10. • Artículo 60º “otorga el derecho a los trabajadores de acceso privilegiado a la propiedad accionaria.” (p. 49)
  11. • Artículo 64º “regula el deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra y la efectividad de varios derechos de los campesinos y los trabajadores agrarios” (p. 51)
  12. • Artículo 77º que garantiza la estabilidad y los derechos de los trabajadores del sector de la televisión pública. (p. 57)
  13. • Artículos del 122º al 125º señalan derechos y deberes de los trabajadores al servicio del Estado. (p. 94-95)
  14. • Artículo 215º impone como límite a los poderes gubernamentales previstos en los “Estados de excepción”, los derechos de los trabajadores. (p. 141)
  15. • Artículo 334º establece como uno de los fines de la intervención del Estado en la economía, el de “dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos.” (p. 192)
  16. • Artículo 336º de la Constitución también señala como restricción al legislador en caso de consagración de monopolios, el respeto por los derechos adquiridos de los trabajadores. (p. 193)

Es a partir de estos artículos que en Colombia se han establecidos líneas jurisprudenciales de asuntos específicos en materia laboral, como por ejemplo, contrato laboral, estabilidad laboral reforzada, mínimo vital, prestaciones sociales, seguridad social, indemnizaciones laborales, entre otros, marcando un camino que abarca el ejercicio de la productividad económica y que denota que los derechos laborales se tornan fundamentales por encontrarse intrínsecamente ligados a garantizar mínimos en la dignidad humana y donde se tiene en cuenta la definición de trabajo que trae consigo el artículo 5º del Código Sustantivo del Trabajo:

El trabajo que regula este Código es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo (Mintrabajo, 1951).

Sin embargo, bajo el contexto de que no siempre el trabajo en Colombia garantiza igualdad de oportunidades en condiciones dignas y justas para todo aquel que ostenta la calidad de trabajador, y que la realidad del país muestra cómo este derecho no cumple en gran porcentaje de la población colombiana, con los mínimos que garanticen condiciones dignas o justas, es que asuntos de carácter laboral abundan en los juzgados y tribunales competentes para conocer de esta materia, en busca del reconocimiento de derechos, indemnizaciones, mejores condiciones y el cumplimiento de las obligaciones pactadas entre trabajador y empleador.

Como consecuencia de lo manifestado anteriormente, es necesario generar una protección internacional de los derechos laborales.

Es así como a través del artículo 93 de la Constitución Política (Gómez, 2007, p. 77), la Convención Americana de Derechos Humanos posibilita el accionar y búsqueda de la protección de derechos laborales en el ámbito internacional; interpretando acertadamente que la Convención Americana de Derechos Humanos hace parte del Bloque de Constitucionalidad, por lo que el ordenamiento jurídico interno no debe reñir con su contenido.

  1. 1. Sentencias de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral emitidas en el periodo 2018 - 2019 en las que se haya usado el término Control de Convencionalidad.

Estableciendo los siguientes criterios de aplicación del término Control de Convencionalidad, realizaré una medición del impacto y alcance en las sentencias relacionadas a continuación (Sánchez-Vallejo, El Control de Convencionalidad en la Jurisprudencia de las Altas Cortes Colombianas, 2015):

  1. a) Criterio de aplicación alto:
  2. • La Corte cita la jurisprudencia de la Corte Americana de Derechos Humanos.
  3. • La Corte manifiesta ser Juez Convencional.
  4. • La Corte ejerce el Control de Convencionalidad
  5. • La Corte se remite a la Convención Interamericana de Derechos Humanos
  6. b) Criterio de aplicación Medio:
  7. • La Corte se remite a la Convención Interamericana de Derechos Humanos
  8. • La Corte no aplica el Control de Convencionalidad por no encontrar se ha vulnerado la Convención, pero si lo tiene en cuenta en atención a la Convención y al Bloque de Constitucionalidad.
  9. c) Criterio de aplicación Bajo:
  10. • La Corte se refiere al Control de Convencionalidad o a la Convención Americana de Derechos Humanos, pero solo como criterio auxiliar.
  11. d) Criterio de aplicación Nulo:
  12. • La Corte no se refiere Control de Convencionalidad o a las sentencias de la Corte Interamericana de derecho Humanos.

La relatoría de la Corte Suprema de Justicia, entre el 01 de enero del año 2018 y el 31 de diciembre del año 2019, aplicando como criterio de búsqueda el término “Control de Convencionalidad”, arroja como resultado 2.406 sentencias.

Sin embargo, al aplicar los mismos criterios de búsqueda, propiamente en la Sala de Casación Laboral, se obtienen solo dos sentencias de tutela como resultado, T 81401 y T 81355, donde el papel de la Sala de Casación Laboral fue resolver la impugnación presentada contra fallos proferidos por la Sala de Casación Civil, que no son propios de asuntos laborales.

Encontrando que, para la primera sentencia, no es usado el término Control de Convencionalidad y la Convención Americana de Derechos Humanos es nombrada solo para estimar que no se observó vulneración alguna respecto a su contenido o del Bloque de Constitucionalidad y para la segunda sentencia solo se recuerda rápidamente el deber de efectuar un Control de Convencionalidad en coherencia con la Convención.

Lo anterior lo podemos ver sintetizado en el extracto de la matriz que se empleó para la recolección de datos:

Sentencia Clase de Actuación Radicaci ón Fecha Magistrado Ponente Demandante Demandado Problema jurídico - Demandante Hechos Resuelve Criterio de Aplicación
T 81401 Acción de Tutela, Segunda Instancia 81401 33/ 10/ 2018 Gerardo Botero Zuluaga John Jairo Henao Cañas Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia Acción de tutela contra providencia judicial. Impugnación contra el fallo que profirió la Sala de Casación Civil, por estimar que la autoridad acusada vulneró los derechos fundamentales del accionante al debido proceso y al acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Indebida notificación.

1. John Jairo Henao Cañas, actuando en nombre propio, promovió acción de tutela, por estimar que la autoridad acusada vulneró sus derechos fundamentales “al debido proceso y al acceso a la justicia en igualdad de condiciones”, pues el señor Jim Alexander Ávila Ávila, radicó una demanda ejecutiva hipotecaria, en contra suya y de Paula Janeth Ramírez Duque, la cual fue admitida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá D.C., quien procedió a librar mandamiento de pago y orden de embargo sobre el inmueble ubicado en la Diagonal 7ª n.°74 A- 82, cuya notificación fue entregada en una dirección diferente a la registrada en el correspondiente certificado de Libertad y Tradición.

2. Ante el silencio de los demandados el juez ordena la venta y secuestro del inmueble.

3. El señor Henao presentó incidente de nulidad en atención a que la indebida notificación no le permitió ejercer su derecho a la defensa y contradicción, el cual le fue negado por lo que presenta recurso de reposición y en subsidio apelación, a través del cual fue confirmado el fallo. Sin embargo, en virtud de los diferentes recursos presentados, el juzgado declara la nulidad de lo actuado desde el 01 de 0ctubre de 2013 y entender por notificado por conducta concluyente al ejecutado.

4. La parte actora presentó recurso de apelación contra dicha decisión, cuyo conocimiento correspondió a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá D.C. que revocó la decisión del juzgado de declarar la nulidad de lo actuado desde el 01 de octubre de 2013.

5. El accionante solicita el amparo de los derechos para él vulnerados, conoce la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, quien niega las pretensiones de la tutela.

Confirmar el Fallo Bajo
T 81355 Acción De Tutela, Segunda Instancia 81355 03/ 10/ 2018 Jorge Luis Quiroz Alemán María Inés Rubio Jaimes Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia Acción de tutela contra providencia judicial. Impugnación contra el fallo proferido por la Sala de Casación Civil, por estimar que la autoridad acusada vulnero los derechos fundamentales de la accionante al no establecer la cuantía de los alimentos congruos teniendo en cuenta la autenticidad de los mensajes de datos que sería prueba plena del acuerdo entre los extremos de la lid.

1. María Inés Rubio Jaimes, instauró acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, “a una vida libre de violencia” y al acceso a la administración de justicia presuntamente vulnerados por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.

2. formuló demanda “de cesación de efectos civiles de matrimonio católico y de alimentos” por violencia física, moral, psicológica;

3. los cónyuges con antelación al juicio, acordaron los alimentos congruos en la suma de $4.000.000. la cual también reclamó como medida cautelar por temor a que su esposo, dejara de suministrarla por el inicio del trámite judicial

4. El a quo negó el pedimento por tratarse de una cuestión pactada previamente

5. Contra esa decisión la accionante presentó recurso de alzada; el tribunal al dirimirlo revoca la decisión del a quo y accedió a lo rogado, pero fijó los alimentos en el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, porque consideró que no se probó “cifra” distinta;

6. Por lo anterior, solicitó dejar sin efectos la providencia del 28 de junio de 2018 dictada por el Tribunal Superior de Bucaramanga Sala Civil Familia y en su lugar, disponer que esa autoridad profiera una nueva que “revoque la negativa de 4 de diciembre de 2017 del Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga y, en su lugar, acceda a fijar los alimentos provisionales a favor de la accionante y a cargo del demandado […] en la suma mensual de cuatro millos de pesos ($4.000.000)”.

7. El a quo admitió la acción de tutela, pero niega el amparo reclamado.

8. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la tutelante la impugnó, para lo cual reiteró lo dicho en el escrito inicial que, “[…] incluso teniendo en cuenta la autenticidad de los mensajes de datos, “lo zanjado no sufriría modificación alguna, porque habría plena prueba del “acuerdo” entre los extremos de la lid,” no así de “la cuantía de los alimentos congruos” de Rubio Jaimes; requisito indispensable, a voces del artículo 397 del Código General del Proceso, para que lo pretendido por la tutelante tuviera vocación de éxito”

Revocar el Fallo Bajo

Consecuencia de lo anterior, y ante el no desarrollo del concepto Control de Convencionalidad en asuntos laborales en la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en los años 2018 y 2019, se extiende la búsqueda de sentencias hasta el 30 de junio del año 2021, encontrando que, erradamente los resultados de búsqueda relacionan las sentencias STC5123 - 2020 (Sala de Casación Civil y Agraria, 2020) y STC1387 - 2021 (Sala de Casación Civil y Agraria, 2021)en la relatoría de la Sala de Casación Laboral, cuando se profirieron en la Sala de Casación Civil y Agraria.

Sin embargo, la primera sí conoce de un asunto laboral, donde se declara la ineficacia de la terminación de un contrato de trabajo y se ordena el reintegro de una trabajadora con estabilidad laboral reforzada, estimando la Corte Suprema que realiza el Control Constitucional y el de Convencionalidad, de conformidad con el artículo primero de la Convención Americana de Derechos Humanos, empero en salvamento de voto del magistrado Luis Alfonso Rico Puerta, declara que es innecesario incluir de forma automática el ejercicio del Control de Convencionalidad en el desarrollo jurisdiccional ordinario, mostrando un criterio de aplicación bajo, y en la segunda solo se hace referencia a la Convención Americana de Derechos Humanos para manifestar superficialmente que no se denota vulneración alguna a su contenido, mostrando un criterio de aplicación bajo

Lo anterior lo podemos ver sintetizado en el extracto de la matriz que se empleó para la recolección de datos:

Sentencia Clase de Actuación Radicación Fecha Magistrado Ponente Demandante Demandado Problema jurídico, Demandante Resuelve Extracto Directo Sobre Control de Convencionalidad Criterio de Aplicación
STC5123 - 2020 Acción De Tutela, Segunda Instancia 11001-22- 03 000- 2020- 00904-01 05/ 08/ 2020 Luis Armando Tolosa Villabona Consultora Seguridad Integral y Compañía - COSINTE LTDA Juzgados Cuarto Civil del Circuito y Catorce Civil Municipal de Bogotá D. C. Acción de tutela contra providencia judicial. Impugnación Contra el fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro de la acción de tutela interpuesta por los accionantes, con ocasión al incidente de desacato promovido por Daniela Ríos, debido a que el Juzgado Catorce Civil Municipal de Bogotá amparo los derechos superlativos invocados en la acción de tutela donde ordeno a la accionante a declarar la ineficacia de la terminación del contrato de trabajo y el reintegro de la trabajadora. Adiciona la sentencia impugnada, debiendo el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá pronunciarse sobre los expuestos por la accionante durante el trámite de desacato. En lo demás se mantiene el fallo recurrido. Aunque podría argumentarse la viabilidad del Control de Convencionalidad sólo en decursos donde se halla el quebranto de garantías sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcación de prerrogativas iusfundamentales, así su protección resulte procedente o no. Bajo
STC1387 - 2021 Acción De Tutela, Primera Instancia 11001-02- 03-000- 2021- 00313-00 18/ 02/ 2021 Luis Armando Tolosa Villabona José Gustavo Salazar Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C. Acción de tutela contra providencia judicial. Impugnación contra el fallo proferido por el Juzgado Cincuenta Civil de Circuito de Bogotá, en el decurso declarativo de la responsabilidad médica promovida por el accionante contra Colsubsidio E.P.S y otra. Aunque podría argumentarse la viabilidad del Control de Convencionalidad sólo en decursos donde se halla el quebranto de garantías sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcación de prerrogativas iusfundamentales, así su protección resulte procedente o no. Bajo

Ante el hecho de encontrar que en la Corte Suprema Sala de Casación laboral, como máximo órgano en la jurisdicción ordinaria en materia laboral, no se ha dado aplicación al Control de Convencionalidad, se procedió a realizar búsqueda en la jurisprudencia del Tribunal Superior de Armenia, sala civil, familia y laboral, encontrando que a nivel del tribunal tampoco se ha dado importancia y uso al Control de Convencionalidad en material laboral, dejando sin aplicación esa herramienta creada para garantizar los derechos humanos reconocidos en la convención Americana de Derechos Humanos, evidenciando que en materia laboral el desarrollo del Control de Convencionalidad es muy escaso, pese a que si hay casos en los que realmente se pudiera aplicar esta figura. Se procede entonces a realizar una revisión jurisprudencial de toda la Corte Suprema de Justicia que, como ya se dijo, ha hecho uso del término referenciado en 2.406 sentencias, desde el 01 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019,

Para realizar el estudio de los fallos se elaboró la siguiente matriz de recolección de datos, que permite identificar las noventa (90) providencias seleccionadas aleatoriamente y corroborar aspectos en común:

Nro. Sala que Resolvió el Asunto. Clase de Actuación Nro. De Proceso. Nro. de Providencia Magistrado Ponente Fecha de la Sentencia Aclaración de Voto Magistrado que Aclara Voto. Criterio de Aplicación
1 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102030002019 - 03786-00 STC16907 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 19/ 12/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
2 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100122030002019 - 02022-01 STC17295 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 19/ 12/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
3 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 7611122130002019 - 00247-01 STC17270 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 18/ 12/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
4 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102030002019 - 04031-00 STC17253 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 18/ 12/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
5 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102030002019 - 04065-00 STC17129 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 16/ 12/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
6 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102040002019 - 01906-01 STC16955 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 13/ 12/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
7 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102300002019 - 00804-00 STC16326 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 03/ 12/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
8 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 6867922140002019 - 00049-01 STC16076 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 28/ 11/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
9 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102040002019 - 01798-01 STC15568 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 15/ 11/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
10 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 7611122130002019 - 00162-01 STC15164 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 07/ 11/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
11 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102030002019 - 03572-00 STC15245 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 08/ 11/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
12 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102040002019 - 01755-01 STC14956 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 01/ 11/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
13 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102030002019 - 03355-00 STC14466 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 24/ 10/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
14 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 6800122130002019 - 00316-01 STC14206 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 17/ 10/ 2021 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

15 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102030002019 - 03187-00 STC13940 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 11/ 10/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
16 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102030002019 - 03242-00 STC13737 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 10/ 10/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
17 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1300122130002019 - 00158-02 STC13500 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 04/ 10/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
18 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102030002019 - 03154-00 STC13346 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 02/ 10/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
19 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102030002019 - 03033-00 STC12940 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 24/ 09/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
20 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 6600122130002019 - 00539-01 STC13015 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 25/ 09/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
21 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100122030002019 - 01531-01 STC12768 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 20/ 09/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
22 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 7600122030002019 - 00198-01 STC12126 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 10/ 09/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
23 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102030002019 - 02659-00 STC11843 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 06/ 09/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
24 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 6800122130002019 - 00262-01 STC12028 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 05/ 09/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
25 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100122030002019 - 01399-01 STC11570 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 28/ 08/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
26 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 2500022130002019 - 00192-01 STC11490 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 27/ 08/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
27 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102040002019 - 01141-01 STC11339 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 23/ 08/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
28 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100122030002019 - 01181-01 STC11217 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 22/ 08/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
29 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102030002019 - 02540-00 STC10898 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 15/ 08/ 2021 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
30 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100122100002019 - 00039-01 STC10890 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 14/ 08/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
31 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1900122130002019 - 00050-01 STC10314 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 02/ 08/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
32 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100122030002019 - 01026-01 STC10082 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 30/ 07/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
33 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102030002019 - 02069-00 STC9427 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 19/ 07/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
34 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102300002019 - 00430-00 STC9118 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 11/ 07/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
35 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100122030002019 - 00931-01 STC8930 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 08/ 07/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
36 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102040002019 - 02209-01 STC8583 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 02/ 07/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
37 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 4700122130002019 - 00076-01 STC8429 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 28/ 06/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
38 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102030002019 - 01807-00 STC8136 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 20/ 06/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
39 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102030002019 - 01615-00 STC7718 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 13/ 06/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
40 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 110010203000-2019 -00591-00 STC6975 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 04/ 06/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
41 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 0500122030002019 - 00151-01 STC6304 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 22/ 05/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
42 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 0500122030002019 - 00145-01 STC5785 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 10/ 05/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
43 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1300122130002019 - 00048-01 STC4912 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 22/ 04/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
44 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102030002019 - 00982-00 STC4783 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 11/ 04/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
45 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100122100002019 - 00084-01 STC4374 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 05/ 04/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
46 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 6600122130002019 - 00028-01 STC3900 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 28/ 03/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
47 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 7300122130002019 - 00020-01 STC3380 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 19/ 03/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
48 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 0800122130002019 - 00024-01 STC2669 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 06/ 03/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
49 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100122030002018 - 02531-02 STC2145 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 26/ 02/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
50 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 6600122130002018 - 01133-01 STC1553 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 14/ 02/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
51 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 611122130002018 - 00207-01 STC1301 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 08/ 02/ 2019 Sí Luis Alonso Rico Puerta2Ariel Salazar3Ramírez Bajo
53 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102040002018 - 02481-01 STC494 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 25/ 01/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
54 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102030002018 - 04036-00 STC162 - 2019 Luis Armando Tolosa Villabona 17/ 01/ 2019 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
55 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 6600122130002018 - 00910-01 STC16180 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 10/ 12/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
56 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102030002018 - 03463-00 STC15418 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 23/ 11/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
57 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100122100002018 - 00504-01 STC14988 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 16/ 11/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
58 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102030002018 - 03319-00 STC14581 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 08/ 11/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
59 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 6600122130002018 - 00766-01 STC14018 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 25/ 10/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
60 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 110022030002018 - 01624-01 STC13295 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 12/ 10/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
61 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102030002018 - 02866-00 STC12774 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 03/ 10/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
62 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102030002018 - 02613-00 STC12173 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 19/ 09/ 2018 Sí

Diego Fernando García Restrepo

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
63 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102030002018 - 02373-00 STC11417 - 20118 Luis Armando Tolosa Villabona 06/ 09/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
64 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102030002018 - 02321-00 STC10905 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 23/ 08/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
65 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100122030002018 - 01255-01 STC9712 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 03/ 08/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
66 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 0800122130002018 - 00270-01 STC9863 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 02/ 08/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
67 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102030002018 - 01940-00 STC9269 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 18/ 07/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
68 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102040002018 - 00957-01 STC8671 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 06/ 07/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
69 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102040002018 - 00966-01 STC8672 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 06/ 07/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
70 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102040002018 - 01027-01 STC8601 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 05/ 07/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
71 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100122100002018 - 00241-01 STC8424 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 03/ 07/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
72 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102030002018- 01455-00- STC742 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 07/ 06/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
73 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102030002018 - 01477-00 STC7449 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 08/ 06/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
74 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1700122130002018 - 00115-01 STC8295 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 28/ 06/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
75 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 2300122140002018 - 00026-02 STC6201 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 15/ 05/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
76 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102040002018 - 00552-01 STC6842 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 28/ 05/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
77 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100122030002018 - 00571-01 STC5143 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 23/ 04/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
78 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 0800122130002018 - 00076-01 STC5128 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 20/ 04/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
79 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102030002018 - 00741-00 STC4364 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 05/ 04/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
80 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102030002018 - 00400-00 STC4037 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 22/ 03/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
81 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100122030002018 - 00317-01 STC3713 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 15/ 03/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
82 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 0800122130002018 - 00004-01 STC2982 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 02/ 03/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Álvaro Fernando García Restrepo

Bajo
83 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 5200122130002018 - 00005-01 STC2582 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 26/ 02/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Álvaro Fernando García Restrepo

Bajo
84 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 6800122130002017 - 00896-01 STC1998 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 15/ 02/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Álvaro Fernando García Restrepo

Bajo
85 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1300122130002017 - 00412-01 STC1146 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 05/ 02/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Álvaro Fernando García Restrepo

Bajo
86 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102030002017 - 03527-00 STC488 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 25/ 01/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
87 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100122030002017 - 03019-01 STC181 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 18/ 01/ 2018 Sí Álvaro Fernando García Bajo
88 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102040002017 - 01759-01 STC173 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 18/ 01/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo
89 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1100102030002017 - 03597-00 STC135- 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 18/ 01/ 2018 Sí Álvaro Fernando García Bajo
90 Sala de Casación Civil y Agraria Acción de Tutela T 1700122130002017 - 00729-01 STC166 - 2018 Luis Armando Tolosa Villabona 18/ 01/ 2018 Sí

Luis Alonso Rico Puerta

Ariel Salazar Ramírez

Bajo

De lo anteriormente expuesto en la matriz de recolección de datos se pudo identificar que hay 5 aspectos comunes que se presentan a continuación:

• El 99% de las sentencias son proferidas por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia.

• Todas las actuaciones son acciones de tutela.

• El magistrado ponente de la Sala de Casación Civil y Agraria en las decisiones examinadas por regla general es el Dr. Luis Armando Tolosa Villabona.

• En las Sentencias de la Sala de Casación Civil y Agraria donde el Magistrado ponente es el Dr. Luis Armando Tolosa Villabona hay aclaración de voto.

• Los magistrados que por regla general realizan la aclaración de voto son los doctores Luis Alonso Rico Puerta y Ariel Salazar Ramírez.

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona es el único magistrado de la Corte Suprema de Justicia que insiste en aplicar el Control de Convencionalidad a todos los asuntos que conozcan derechos fundamentales, citando textualmente los siguientes párrafos en todas las sentencias, como en la Sentencia STC6550-2018, Radicación n.° 15693-22-08-002-2018-00046-01, entre otras:

Aunque podría argumentarse la viabilidad del Control de Convencionalidad sólo en decursos donde se halla el quebranto de garantías sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcación de prerrogativas iusfundamentales, así su protección resulte procedente o no.

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el ámbito doméstico, a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, con la Convención Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que según la Corte Interamericana se surte no sólo a petición de parte sino ex officio8. No sobra advertir que el régimen convencional en el derecho local de los países que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicación en los ordenamientos patrios; sine que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con carácter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino también el convencional; con mayor razón cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno.

El aludido control en estos asuntos procura, además, contribuir judicial y pedagógicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados -incluido Colombia-9, a impartir una formación permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jerárquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales; así como realizar cursos de capacitación a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campañas informativas públicas en materia de protección de derechos y garantías”.

Insistir en la aplicación del citado control y esbozar el contenido de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, les permite no sólo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contraídas internacionalmente, en relación con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadanía informarse en torno al máximo grado de salvaguarda de sus garantías. Además, pretende contribuir en la formación de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protección de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos.

Al mismo tiempo, todas las sentencias donde el Dr. Luis Armando Tolosa Villabona es magistrado ponente resaltan la importancia jurídica de la aplicación del Control de Convencionalidad, en coherencia con el deber de cumplir con las obligaciones derivadas de la Convención Americana de Derechos Humanos, evitando que conflictos jurídicos lleguen a esferas internacionales gracias al control interno que se ejerza.

En ellas, se presentan aclaraciones de voto protagonizadas frecuentemente por los magistrados Luis Alonso Rico Puerta y Ariel Salazar Ramírez, quienes resaltan que es innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma genérica y automática una mención sobre el empleo del denominado Control de Convencionalidad, que debe ser usado solo cuando se denote comprometido o amenazado su efecto útil, esto es cuando por la existencia o aplicación de leyes menoscaben la protección de los derechos humanos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos y que de manera textual citan los siguientes párrafos en todas las sentencias, igualmente como se ve en la sentencia en la Sentencia STC6550-2018, Radicación n.° 15693-22-08-002-2018-00046-01, entre otras:

Magistrado Luis Alfonso Rico Puerta:

Aunque comparto la decisión adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivación, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo propósito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma genérica y automática una mención sobre el empleo del denominado “Control de Convencionalidad”.

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado.

De esta manera, el “Control de Convencionalidad” comporta una actitud de consideración continua que deberá acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado “el efecto útil de la Convención”1, lo cual acontecerá en los eventos donde pueda verse “mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del estándar internacional de protección de los derechos humanos”2; todo lo cual resulta ajeno al presente caso.

Magistrado Ariel Salazar Ramírez:

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisión, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto.

Se afirmó en la providencia que fue realizado un “Control de Convencionalidad”, a partir de lo previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusión al ordenamiento foráneo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas.

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicación general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estaría restringida a los eventos de ausencia de regulación, déficit de protección a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporación de los últimos.

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opinión personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectuó, además de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acción constitucional, no tuvo ninguna repercusión práctica en la solución de la petición de amparo.

1. CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Perú. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, párrafo 128

2 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panamá. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, párrafo 180

Es de resaltar la intención del Dr. Luir Armando Tolosa Villabona de aplicar el Control de Convencionalidad en todos los asuntos que versan sobre derechos humanos, pues finalmente el Control de Convencionalidad es la herramienta que tiene el poder judicial para verificar el cumplimiento de su obligación internacional respecto a lo pactado en la Convención Americana de Derechos Humanos que busca garantizar los derechos esenciales propios de los atributos de la persona humana que requieren una protección internacional.

Propuesta de la Aplicación del Control de Convencionalidad en sentencias de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación laboral

Es preciso iniciar este apartado recordando que la Corte Suprema de Justicia sigue la misma corriente de la Corte Constitucional Colombia. Es decir, que de conformidad a lo planteado en la sentencia C-400-1998 (Corte Constitucional, 1998), de presentarse algún conflicto entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno se privilegiará al Derecho Nacional por encima del Internacional, de conformidad a la corriente del monismo constitucional moderado, que reconoce la posibilidad de conflictos entre el ordenamiento jurídico interno y el externo, pero también una coordinada integración dinámica entre el derecho internacional y el derecho interno en el constitucionalismo colombiano, donde prevalecerá siempre el interno de conformidad al artículo 4º de la Constitución Política (Gómez, 2007, p. 14).

Además, tal como lo expresa la Dr. Juliana Sánchez Vallejo en el capítulo de libro “El Control de Convencionalidad en la Jurisprudencia de las Altas Cortes Colombianas” (Sánchez-Vallejo, El Control de Convencionalidad en la Jurisprudencia de las Altas Cortes Colombianas, 2015) se debe destacar que el desarrollo del término Control de Convencionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2006 hasta el año 2014, muestra que solo en tres sentencias se desarrolla el tema, asumiendo una postura similar a la de la Corte Constitucional, donde no acepta el rol de juez convencional o interamericano.

De acuerdo con lo discurrido hasta el momento, resulta claro que la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral como máximo órgano de cierre en materia ordinaria en lo que refiere a asuntos laborales, tiene una aplicación casi nula del término Control de Convencionalidad, pues del periodo en estudio, del 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre de 2019, solo en dos sentencias hizo uso del término en mención, con un impacto de aplicación bajo, pues la Corte se refiere Control de Convencionalidad como un criterio auxiliar, manteniendo la corriente de la Corte Constitucional sin reconocer la calidad de juez convencional.

Pese a lo anterior y ante el hecho de esa recepción e influencia nula por parte de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, procedo al análisis de la Sentencia SL5595 - 2019 del 4 de diciembre del año 2019, en la que no se usa el término Control de Convencionalidad, pero que, de haberse aplicado, tal vez tendría un fallo diferente o el mismo con una fundamentación distinta.

Dicho análisis se llevará a cabo diligenciando una ficha técnica que permite la identificación de la sentencia y que incluye parámetros basados en los planteados por la Dra. Juliana Sánchez Vallejo en el capítulo de libro “El Control de Convencionalidad en la Jurisprudencia de las Altas Cortes Colombianas”, (Sánchez-Vallejo, El Control de Convencionalidad en la Jurisprudencia de las Altas Cortes Colombianas, 2015), es decir:

  1. • Que la Sala haga uso del término Control de Convencionalidad.
  2. • Que la Sala tenga en cuenta la Convención Americana sobre Derechos Humanos para fundamentar su decisión.
  3. • Que la Sala desarrolle el concepto Control de Convencionalidad.
  4. • Que la Sala asuma que está ejerciendo Control de Convencionalidad.
  5. • Que la Sala asuma el rol de juez convencional.

Lo anterior, a fin de plantear que sería totalmente aplicable el Control de Convencionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral a la Sentencia SL5595 - 2019.

Sala que Resolvió el Asunto Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral
Clase de Actuación Recurso de Casación
Nro. De Proceso 78492º
Nro. De Providencia SL5595-2019
Magistrado Ponente Clara Cecilia Dueñas Quevedo
Fecha de la Sentencia 04 / 12 / 2019
Demandante José Nemesio Castañeda Barrera
Demandado Universidad Cooperativa de Colombia Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional Comuna Cooperativa de Trabajo Asociado La Comuna
Problema Jurídico a Resolver Si el accionante estuvo vinculado laboralmente con la Universidad Cooperativa de Colombia y, en caso afirmativo, Si lo fue a través de contratos a término fijo o indefinido, Si es procedente el pago de las acreencias reclamadas y Si existía responsabilidad solidaria de las cooperativas accionadas.
Normas en las que se Centra El Problema Jurídico Artículo 23º, 24º, 47º, 62º, 64º, 259 del Código Sustantivo del Trabajo artículo 53 de la Constitución Política de 1991 Artículo 3.º de la Ley 79 de 1988 Artículo 70 de la Ley 77 de 1988 Artículos 16 y 17 del Decreto 4588 de 2006
Síntesis de los Hechos

El accionante solicita se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido con la Universidad Cooperativa de Colombia entre el 07 de enero de 1996 y el 21 de diciembre de 2013, tiempo en el que se desempeñó como Decano de la Facultad de Contaduría Pública.

Entre el 07 de enero de 1996 y el 20 de diciembre del año 2003 se vinculó a través de convenio de trabajo asociado con la Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional Comuna.

Entre el 19 de enero de 2004 y el 18 de diciembre del año 2011 se vinculó a través de convenio de trabajo asociado con la Cooperativa de Trabajo Asociado La Comuna.

Entre el 16 de enero de 2012 y el 21 de diciembre de 2013 a través de contratos a término fijo directos con la Universidad Cooperativa de Colombia.

En consecuencia, solicita el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, la indemnización por despido injusto, el pago oportuno de las cesantías y la moratoria y los aportes al sistema general de pensiones.

Alcance del Fallo

Declarar la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre el 18 de enero del año 2010 y el 21 de diciembre del año 2013, en atención a que se acredito que el accionante siempre prestó sus servicios a favor de la Universidad Cooperativa de Colombia.

Liquidación a título de diferencias por concepto de prestaciones sociales y vacaciones compensadas.

Liquidación de la indemnización por despido sin justa causa.

Liquidación de la indemnización moratoria.

Liquidación moratoria por no consignación de cesantías.

Absolución de la responsabilidad de las Cooperativas.

Uso del Término Control de Convencionalidad Si el Juez hubiese tenido en cuenta el Control de Convencionalidad podría haber verificado el cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de la Convención Americana de Derechos Humanos, Capítulo III y constatar así su observancia, teniendo en cuenta que conoció a través del conflicto que nos ocupa, de asuntos en materia laboral, convencionalmente amparados.
Usar la Convención Americana sobre Derechos Humanos para fundamentar su decisión. Si el Juez hubiese invocado la Convención en coherencia con el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, podría haber ido más allá del cumplimiento y garantía del ordenamiento jurídico interno y alcanzar así el efecto útil de la Convención al garantizar un mejor cumplimiento de las obligaciones internacionales.
Desarrollo del concepto Control de Convencionalidad Si el Juez aplica el Control de Convencionalidad tiene la oportunidad de analizar el contenido y alcance de un derecho laboral no solo a la luz de la Constitución sino también de las obligaciones internacionales derivadas de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Ejercicio del Control de Convencionalidad Por tratarse de asuntos laborales convencionalmente protegidos y haciendo uso de la facultad que reviste al magistrado, pudo dar aplicación al Control de Convencionalidad para garantizar así, el respeto y cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos por parte del ordenamiento jurídico interno.
Rol de juez convencional El Juez pudo asumir el rol de Juez convencional generando el reconocimiento del deber de cumplir con las obligaciones provenientes de la Convención.
Conclusión de la posibilidad de aplicar el Control de Convencionalidad. Si bien el fallo se considera en derecho, si se hubiese aplicado el Control de Convencionalidad se hubiera podido garantizar no solo por el cumplimiento del ordenamiento jurídico interno sino también del internacional.

Fuente: elaboración propia

Conclusiones

El desarrollo de la investigación jurídica realizada permite concluir que:

La Convención es una herramienta para garantizar los derechos humanos reconocidos en la convención Americana de Derechos Humanos.

Sin embargo, la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo la Convención Americana de Derechos Humanos y el Control de Convencionalidad, depende del desarrollo del mismo dentro del derecho interno, consecuencia de que no siempre los Estados están dispuestos a someter cabalmente su legislación a los criterios y mandatos internacionales. Ejemplo de esto es que, al analizar las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ha encontrado responsable al Estado Colombiano, se observa el desinterés de Colombia por darle cumplimiento estricto.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral no ha tenido en cuenta a la Convención Americana de Derechos Humanos y al Control de Convencionalidad ni siquiera como criterio auxiliar, siempre guiada por la corriente del monismo constitucional moderado que limita el ejercicio y garantía del desarrollo real de las responsabilidades originadas en tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por Colombia.

A partir de lo anterior, se entiende que el problema jurídico de la presente investigación está resuelto, en el entendido de que realmente la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral no ha dado aplicación a la herramienta jurídica Control de Convencionalidad en materia laboral, encontrando que esta corporación tiene una recepción e influencia nula del Control de Convencionalidad.

El Dr. Luis Armando Tolosa Villabona, es el único magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que insiste en dar aplicación al Control de Convencionalidad, cuando se trata de derechos humanos en cada asunto que conoce en calidad de magistrado ponente, resaltando la importancia de esta herramienta internacional.

Consecuente con lo expuesto en el artículo ‘Teoría Aplicada al Derecho Internacional Interamericanos de Derechos Humanos’ (Carrillo & Ariza, 2019) la Convención debe ser interpretada siempre a favor del goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por ella, siendo deber de Colombia garantizar que su legislación no riña con su contenido y de acuerdo a la teoría monista con primacía del Derecho Internacional, resultado del supra constitucionalismo del Derecho Internacional sobre el ordenamiento jurídico interno, que considero, es la corriente que debería influenciar a Colombia, es deber del Estado dar cumplimiento estricto a sus obligaciones internacionales y evitar que esferas internacionales conozcan de los conflictos que bajo el ordenamiento jurídico interno se pueden solucionar, siempre en sincronía con sus responsabilidades internacionales y más tratándose de asuntos que comprueban la violación de derechos humanos convencionalmente amparados.

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