Impacto de las políticas públicas en extensión agropecuaria para la mujer rural
INCISOVol. 26, núm. 1, 2024 | ISSN 1794-1598 (impreso) | e-ISSN 2346-0792 (en línea)

Artículo de investigación en Derecho y Ciencia Política

Impacto de las políticas públicas en extensión agropecuaria para la mujer rural

Impact of public policies on agricultural extension for rural women

Adriana Yineth Fonseca-Leguizamón*ORCID

*Economista, Magister (C) en Desarrollo Rural. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia.

Fechas Recibido: mayo de 2024 | Aprobado: julio de 2024 | Publicado: 26/09/2024

DOI https://doi.org/10.18634/incj.26v.1i.1409

Cómo citar Fonseca-Leguizamón, A. Y. (2024). Impacto de las políticas públicas en extensión agropecuaria para la mujer rural. Inciso, 26(1). https://doi.org/10.18634/incj.26v.1i.1409

Licencia Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0). Inciso. Copyright 2024. Universidad La Gran Colombia.

Resumen

En este artículo se hace un análisis del impacto de las políticas públicas con enfoque de género, especialmente, en la mujer rural, para determinar las acciones que naturalizan la desigualdad, asignan roles predeterminados, formas de producción y cómo se incluye en el diseño e implementación de las mismas. Para ello, se entrevistaron 70 mujeres que tienen proyectos productivos agropecuarios en el municipio de Iza, Boyacá, con el propósito de validar la consistencia y efectividad de la política pública “Súmate por la equidad de género” de dicho lugar. Dentro de los hallazgos más relevantes se evidencia que a las mujeres no se les socializó el documento; la presencia de los entes gubernamentales está centralizada, no llegan a las veredas; los hombres tienen más facilidad de acceder a créditos, subsidios y su labor es remunerada. Se concluye que existen prácticas que todavía son discriminatorias con la mujer rural; que las políticas públicas si bien tienen una finalidad oportuna, deben ser socializadas en las veredas; asimismo, las alcaldías e instituciones deben diseñar políticas y ofertar capacitaciones en el manejo de insumos, finanzas, tecnologías y sensibilizar a la mujer rural de su potencial como agente activa en las decisiones que impacten sus labores en el campo.

Palabras claves: Autonomía económica, extensión agropecuaria, mujer rural, políticas públicas.

Abstract

This article examines the impact of public policies with a gender focus, particularly on rural women, to identify the actions that perpetuate inequality, assign predetermined roles, forms of production, and how they are included in the design and implementation of such policies. To this end, 70 women engaged in agricultural production projects in the municipality of Iza, Boyacá, were interviewed with the objective of validating the consistency and effectiveness of the public policy “Join in for gender equality” in that municipality. The most significant findings indicate that women were not socialized with the document in question. Additionally, the presence of government entities is centralized, with a lack of reach to villages. Men have an easier time accessing credit, subsidies, and their work is paid. It can be concluded that discriminatory practices towards rural women persist. While public policies may have a beneficial purpose, it is essential to ensure their socialization among the intended beneficiaries. Additionally, mayors and relevant institutions must develop policies and provide training in key areas such as input management, financial literacy, technology utilization, and the empowerment of rural women as active agents in decision-making processes that affect their work in the field.

Key words: Economic autonomy, agricultural extension, rural woman, public politics.

Introducción

Colombia es un país con habitantes concentrados, en su mayoría, en las ciudades, donde las posibilidades de empleabilidad son más altas, además, hay condiciones propicias para acceder a salud, educación, vivienda, servicios públicos y movilidad social. Por contraste con la zona rural donde la inseguridad y precariedad en el acceso a estos bienes y servicios es limitado, y en algunos casos, no existen o no cumplen con los criterios de calidad que se requieren. La escisión entre lo urbano y lo rural está legitimada desde los imaginarios sociales donde se considera que lo citadino es de vanguardia, allí está el progreso, el bienestar, las opciones de lograr una vida digna y un buen trabajo; de manera antagónica, en el campo está lo atrasado, la pobreza, el trabajo por un jornal y la vida que obedece a niveles de aspiración muy rupestres.

Por ello, el rol del campesino se ha estigmatizado y se ha excluido de las lógicas del desarrollo actual, los gobiernos les brindan apoyos esporádicos, temporales y paliativos, pero no les proporcionan soluciones de fondo, lo que el DNP (2015) considera que es una deuda de años con lo rural. Muestra de ello es que hasta el año 2023 fueron declarados sujetos de derechos, por Acto legislativo 01 de 2023. Asimismo, el tratamiento para la mujer rural, no ha sido diferente, se ha considerado que su función está restringida a la procreación y el cuidado doméstico. Perpetuando prácticas que invisibilizan sus capacidades, las cuales se soportan en hábitos donde el hombre es el dueño de la tierra, el que produce, el que manda y decide sobre su cuerpo y el de sus esposas. Con relación a este rotulo y forma de estigmatización Segato (2018) afirma: “Las representaciones dominantes y hegemónicas, organizan el mundo de la sexualidad, de los afectos, de los roles sociales y de la personalidad” (p. 28).

Por lo anterior, es decisivo para lograr condiciones sociales equitativas para las mujeres rurales superar el patriarcado y resignificar le rol de la mujer del campo (Botero y Serrano, 2021). Así como promover su inclusión laboral (Córdoba, 2020).

Dichas representaciones son más fehacientes cuando se señala que el rol de la mujer rural es esencial para las actividades del campo, desde su función de cuidadora, productora de alimentos y sostén de la familia, pero su inclusión en los proyectos agrícolas y el desarrollo no se hace de manera inequitativa con respecto a los hombres (Zuluaga,2015).

Es necesario advertir que la mujer rural, además, de cumplir con estos roles, dedica su tiempo a actividades que no son remuneradas, tales como: recoger leña, ordeñar, alimentar animales, etc., según lo indica el Ministerio de Salud (2015) las mujeres ocupan 8 horas 12 minutos diarias; por el contrario, los hombres destinan 3 horas 6 minutos, es decir, que las mujeres gastan 5 horas más que los hombres diariamente en labores no remuneradas. Lo que trae como consecuencia que las posibilidades de movilidad social de una mujer con relación a un hombre sean menores, puesto que debe atender las labores domésticas y laborar, lo que ocasiona que los niveles educativos sean menores, no posean contratos laborales formalmente constituidos, por lo tanto, sus salarios sean más bajos (Irregui, Melo, Ramírez y Tribín,2021).Estas discriminaciones e injusticias han propiciado que algunas mujeres rurales pretendan migrar hacia las urbes, con el propósito de educarse, tener más oportunidades laborales, además, de que sus hijos puedan acceder a una mejor educación y mejor calidad de vida, así como acceso a servicios salud de calidad y vivienda digna.

Según lo expresa Gómez (2020) con relación al número de mujeres que habitan las zonas rurales en Colombia: “El 51.2% de la población colombiana son mujeres. Con base en este porcentaje, se estima que el número de mujeres en las zonas rurales es de 7 millones 726 mil 228”. (p54). Por tal razón, el Estado y los gobiernos locales deben diseñar políticas públicas con enfoque de género que atiendan a las necesidades de las mujeres del campo.

Por lo anterior, se hace necesario que se propicien los espacios para que las mujeres rurales logren la autonomía económica, la cual es entendida como: “La capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres. Considerando el uso del tiempo y la contribución de las mujeres a la economía” (FAO, 2013). Esta también permite que las mujeres decidan sobre qué proyectos productivos iniciar y cómo deben utilizar sus recursos financieros (Bedoya y Velásquez, 2020).

Esto hace evidente que la forma cómo se ha medido el progreso ha ocasionado que esta escisión entre lo rural y lo citadino se soporte en criterios eminentemente cuantitativos y materiales, como es el que se mide por medio del Producto Interno Bruto (PIB), de allí que lo intangible y valores como la dignidad y la libertad sean relegados, Martha Nussbaum (2012) y Amartya Sen (2000) son dos pensadores que cuestionan este tratamiento y se preocupan por el desarrollo humano, para la primera es necesario que se consideren 10 capacidades, estas son: vida; salud corporal; integridad física; sentidos, imaginación y pensamiento, emociones; razón práctica; afiliación; otras especies; juego y control sobre el propio entorno. Para Sen no se puede hablar de desarrollo sin tener en consideración las libertades, las cuales dependen tanto de las instituciones sociales como económicas. Ambos pensadores son conscientes de que el desarrollo humano debe tener como propósito mitigar la pobreza, la inequidad, la escasez de oportunidades económicas, la tiranía, todos estos son factores que no permiten que los individuos actúen de manera autónoma y libre. Por lo tanto, se deben establecer otros criterios de medición del desarrollo humano, estos deben ser más pertinentes con las libertades individuales y no estar restringidos a cifras y medidas económicas, por ello, es más adecuado el concepto de calidad de vida.

De allí que la concepción del progreso medida por medio del modelo económico capitalista, permite justificar un utilitarismo frenético, que estipula que la acumulación de riqueza, el consumo compulsivo y la competencia voraz son los fines que se deben perseguir; por el contrario, la idea del desarrollo es lograr crecimiento económico, teniendo en cuenta lo social, lo político y lo ambiental. Esta segunda perspectiva está más articulada con las prácticas y valores culturales de la mujer rural. No obstante, el desarrollo rural exige de una condición previa: el territorio, visto como la tenencia, uso y acceso a la tierra, este es el espacio donde se habita, se produce, se trabaja y se construyen dimensiones culturales como la identidad, lo espiritual y lo simbólico. De allí que la mujer rural no solo tenga una relación instrumental con la tierra, su vínculo es de un orden que obedece a un horizonte de sentido más rico y menos cosificable.

El uso de la tierra en la producción agrícola en Colombia tiene varias dificultades, como son su preparación y la infraestructura, en algunas regiones es escaso el acceso a fuentes hídricas para regar los cultivos, así como las vías secundarias son trochas y caminos sinuosos, además, es frecuente el transporte en bestias, esto ocasiona un sobrecosto de los productos, al respecto Lozano y Restrepo (2015) afirman:

Los bienes públicos que requiere la agricultura son de diversa índole. Los principales tienen que ver con la adecuación de tierras mediante los sistemas de irrigación y drenaje, las vías y los sistemas de transporte, los centros de acopio y comercialización, el suministro de energía y las telecomunicaciones. (p. 108)

Ante este panorama tan complejo, los gobiernos deben propiciar las condiciones de posibilidad para que los ciudadanos logren sus metas, vivan dignamente y participen activamente en la toma de decisiones donde tanto las libertades individuales como el bienestar general se vean afectados. Por lo tanto, las políticas públicas se convierten en las acciones gubernamentales e institucionales para impactar una realidad que es problemática, la mujer rural requiere de programas, capacitaciones y proyectos productivos que les permita posicionar sus productos, así como mejorar sus procesos y obtener ventajas competitivas. Esto es necesario para subsanar algunas de las dificultades que señala Moreno, (2016): “Las mujeres rurales mencionan que los problemas en el campo de la producción están relacionados con: inexistencia de precios fijos, insumos de producción costosos, intermediarios y productos a bajos precios cuando existe exceso de oferta en el mercado local” (p. 184).

Con respecto a la política pública la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- (2012) la define:

La Política Pública es producto de la interacción gobierno-sociedad, una obra coproducida por el poder público y el público ciudadano que genera un conjunto de acciones intencionales y causales, orientadas a la realización de un objetivo de interés / beneficio público, cuyos lineamientos de acción, agentes, instrumentos, procedimientos y recursos se reproducen en el tiempo de manera constante y coherente. (p.6)

En este mismo orden de ideas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- considera que esta tiene como propósito:

La Política Pública está compuesta de acciones intencionales, por cuanto se orientan a realizar objetivos considerados de valor para la sociedad o a resolver problemas cuya solución se considera de interés o beneficio público; así mismo sus acciones sin causales, por cuanto son consideradas idóneas y eficaces para realizar el objetivo o resolver el problema. (PNUD, 2012, p.17).

Por lo anterior, se advierte que tanto las políticas públicas como los planes de desarrollo deben estar articulados para maximizar el bienestar de la población local, así como enfocarse en la solución de problemas, por ello, las gobernaciones, las alcaldías y los entes gubernamentales del orden nacional construyen estos documentos de manera sistemática y coherente.

El Plan de Desarrollo “Pacto social por Boyacá: Tierra que sigue avanzando 2020-2023”, se construyó en el periodo cuyo gobernador fue Ramiro Barragán Adame y el secretario de agricultura Luis Gerardo Arias Rojas, asimismo, se asignó como representante de la provincia de Sugamuxi, a la cual pertenece el municipio de Iza, en el Comité Departamental de planeación a Rigoberto Alfonso Pérez, alcalde de Sogamoso. En este documento se afirma que es: “Una propuesta de gobierno incluyente, centrada en la gente, el territorio y la sostenibilidad”. (p.14). Asimismo, se asevera:

La construcción del Plan se ha fundamentado en el desarrollo humano de las y los boyacenses. Como gobierno, se ha comprendido que el desarrollo debe ir más allá de la de la noción de progreso económico; el afán inmediato por acumular bienes y riquezas financieras ha conducido al mundo por caminos de injusticia social y ambiental, desigualdad e inequidad económica, aspectos agudizados, aún más, por el coronavirus COVID-19. (p.14)

Cabe señalar que este plan se construyó e implementó en medio de la emergencia sanitaria que ocasionó el COVID-19, de allí que tenga unos ejes prioritarios en salud pública y reactivación económica.

Asimismo, cabe resaltar que el enfoque de género de las políticas públicas tiene como finalidad subsanar el tratamiento injusto que se ha naturalizado culturalmente desde prácticas patriarcales, así como reparar la violencia sistemática y propender por la equidad y la justicia con relación a la mujer, situación que es más crítica en la mujer rural, así lo expresa García (2009):

Desde la teoría de género se cuestionan las relaciones de poder desiguales dadas entre mujeres y hombres en nuestra sociedad […] pretendiendo ser un cauce de reflexión que permitiera llegar a nuevos planteamientos de organización social donde se consignaba la igualdad de género. (p. 36)

Por lo anterior, el enfoque de género es promisorio para analizar, comprender y evaluar cómo las prácticas patriarcales afectan negativamente los proyectos de vida de las mujeres limitando su autonomía, libertad y voluntad, además, de evitar que este se convierta en una forma de inclusión nominal que no solo se vea reflejado lingüísticamente en las políticas públicas, indicadores y metodologías, sino que el enfoque de género es un cambio en las acciones, decisiones que deben impactar la realidad de las mujeres rurales. (Gómez y Sanabria, 2020).

La política pública “Súmate por la equidad de género” del municipio de Iza, Boyacá en el eje 6 estipula lo relacionado con la mujer rural, en los siguientes puntos:

  1. • Generar alianzas estratégicas con entidades como el Sena, ICA y otras que permitan la formación y tecnificación en producción agrícola • Capacitar a las mujeres en producción de soberanía alimentaria y cuidado del medio ambiente. • Formular e implementar una campaña pedagógica para difundir las normas y legislación como: ley rural, ley de ordenamiento territorial, con difusión a todo el área rural y urbana. • Formular acompañar y apoyar proyectos de seguridad alimentaria, tales como: huertas caseras, un galpón, generación de abonos orgánicos para la producción ecológica o de alimentos, etc.
  2. • Articular las huertas caseras para autoconsumo, transformación y comercialización a estrategias municipales que permitan la generación de ingresos económicos a las mujeres cabeza de hogar, con los mercados campesinos. • Fortalecer la asociatividad de mujeres rurales en el municipio de tal manera que se fortalezca n y puedan ser proveedoras de alimentos de la contratación de entidades públicas. • Formular proyectos de mujeres rurales. (Alcaldía de Iza, 2022, p.140). En ese mismo documento soportado en los datos del DANE se dice que el número de mujeres de municipio de Iza es de 1011, lo que corresponde con cerca del 50% de la población. En el Plan de desarrollo “Súmate por Iza, compromiso de todos” del municipio de Iza, Boyacá, vigente para el periodo 2020-2023, hay varios aspectos relacionados con el enfoque de género, dentro de los que se destacan: Mujeres en mejores condiciones económicas (Promoción del emprendimiento femenino, disminución del desempleo femenino); mujeres rurales (apoyo a proyectos productivos y fomento de la asociatividad). Con respecto a la extensión agropecuaria el Plan de Extensión Agropecuaria en el PDEA 2020-2023 para el departamento de Boyacá, asevera: El Plan Departamental de Extensión Agropecuaria, se constituye en el instrumento de planeación que orienta todas las acciones de investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología, gestión del conocimiento, formación, capacitación y extensión que soporten efectivamente los procesos de innovación impulsados por el gobierno Departamental y los municipios para mejorar la productividad competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario en Boyacá. (p.3) Dentro de las entidades gubernamentales tanto locales como nacionales que prestan la asistencia técnica a los campesinos se encuentran las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria- UMATAS-, las cuales tenían como finalidad descentralizar los servicios, así como hacer presencia en cada departamento y contexto. Cabe señalar que solo cuenta con un veterinario que su función está enfocada a tratamientos solamente técnicos y respectivos a la producción agropecuaria. En la actualidad esta labor la cumplen las Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria (EPSEA), cuya finalidad es prestar la asistencias técnicas-productivas, comercialización y mercadeo, además, de consolidar las asociaciones productivas, la innovación, el uso e implementación de las Tecnologías de la información y la comunicación y el desarrollo empresarial. Dichas entidades, además, del acompañamiento técnico, procura la comercialización, capacita en aspectos de buenas prácticas agrícolas, ambientales, ganaderas, asimismo, promueve la asociatividad agropecuaria. Esta extensión es más amplia y permite hacer un tratamiento del fenómeno sinérgico entre la ciudad y lo rural, así como desarrollar circuitos cortos de comercialización, para prescindir de los intermediarios, los cuales generan sobrecostos y no permiten que las ganancias beneficien significativamente a los campesinos, estas entidades propenden por la resignificación y reconocimiento del campesinado. Para su funcionamiento deben obtener la autorización de la Agencia de Desarrollo Rural.

Normatividad colombiana relevante en enfoque de género, extensión agropecuaria y para la mujer rural

Dentro de la normatividad que está directamente relacionada con el enfoque de género es necesario citar la Constitución Política de Colombia (1991), que es el instrumento jurídico que enmarca todo el accionar de las alcaldías, gobernaciones y el mismo Estado, esta reza:

Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.

Asimismo, la Ley 731 de 2002, es una norma que tiene como propósito mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos; allí se estipulan medidas y estrategias para lograr la equidad de hombres y mujeres, tales como: capacitaciones, asignación de recursos y asistencia técnica de los proyectos productivos, asimismo, se define la mujer rural:

Es toda aquella que sin distingo de ninguna naturaleza e independientemente del lugar donde viva, su actividad productiva está relacionada directamente con lo rural, incluso si dicha actividad no es reconocida por los sistemas de información y medición del estado o no es remunerada. (Ley 731 de 2002)

Otro documento acorde con esta temática es el Conpes 161 de 2013, allí se establecen los lineamientos para la política pública nacional de equidad de género para las mujeres y garantizarles no ser víctimas de violencia de género. Por tal razón, le confiere al Estado la responsabilidad de considerar el enfoque género un tema de interés prioritario, relevante, y el cual debe transversalizarse. (Departamento Nacional de Planeación 2013).

En este mismo orden de ideas, la Ley 1876 de 2017 es el: “Conjunto de políticas, instrumentos y actores, así como las relaciones que estos promueven, para orientar, planificar, implementar, hacer seguimiento y evaluar la prestación del servicio de extensión agropecuaria que tiene lugar en el ámbito rural nacional” (Congreso de Colombia, 2017). También es pertinente citar la Resolución 740 de 2017, en el artículo 10, estipula que la participación rural es:

El conjunto de mecanismos e instancias en donde se involucran a los actores identificados en la caracterización territorial, instituciones locales y comunidad en general de la zona intervenida, que permite mejorar los diseños, propuestas y contribuir en la formulación, implementación y mantenimiento en el territorio de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural.

Por último, la Ley 1900 de 2018, tiene como objeto establecer criterios de equidad de géneros en la adjudicación de las tierras baldías, vivienda rural, proyectos productivos, distribuir los recursos que se inviertan en actividades agropecuarias.

Materiales y métodos

Se aplicó una encuesta semiestructurada con 15 preguntas a 70 mujeres rurales dedicadas a la producción agropecuaria, que tienen sus fincas en el municipio de Iza-Boyacá, para determinar el nivel de participación ciudadana, la gestión de la alcaldía de dicha localidad con respecto a la implementación de la política pública “Súmate por la equidad de género”. Además, de evaluar el tratamiento en lo que respecta al enfoque de género, con relación a la oferta de capacitaciones, financiación de proyectos productivos, subsidios u otras acciones que propicien el desarrollo rural. Las edades de estas mujeres oscilan entre los 22 y los 74 años; con un mínimo de 2 años llevando a cabo proyectos productivos y un máximo de 55. La producción varía entre ganadería, ovinos, pollos, leche, papa, arveja, hortalizas y huertas caseras.

Resultados

Después de realizar las encuestas a 70 mujeres rurales con proyectos productivos agropecuarios del municipio de IZA- Boyacá, se obtuvo que frente a la pregunta 1.

Gráfica 1. Respuestas a la pregunta 1.

Gráfica 1. Respuestas a la pregunta 1.

Fuente: elaboración propia

Estas respuestas permiten evidenciar que hay un gran número de mujeres que no hacen parte de ningún programa, capacitación o proyecto productivo, cerca del 60%, lo que señala que desde las entidades territoriales y la Alcaldía de Iza falta gestión o dicha población no está incluida en los programas que desarrollan. Porque sí hay proyectos como son: Boyacá nos alimenta, la Asociación de ovinos, las Huertas caseras y también existen espacios para capacitarse, tales como: las de Agronit y Nutriza.

Con respecto a la pregunta 2 ¿Le han socializado o informado sobre la política pública “Súmate por la equidad de género para las mujeres” de la alcaldía del municipio de Iza-Boyacá? Solo 9 encuestadas contestaron SÍ y 61 NO, advirtiendo que las respuestas positivas aclaran que si bien les han informado, no les han socializado dicha política. Frente a la pregunta 3 ¿Dentro de los programas y proyectos agropecuarios ofertados por la alcaldía de Iza, Boyacá usted considera como mujer que se está incluyendo y participa de los mismos?

Las 39 mujeres contentaron SÍ y 31 NO, las primeras resaltan la importancia de participar en dichos programas que están relacionados con sus intereses y sus proyectos productivos, advirtiendo que no hay discriminación de género; por el contrario, las segundas dicen que no participan por falta de tiempo, porque no se les informa o no se enteran.

Las respuestas a la pregunta 4 ¿Cuáles son las ventajas (lo bueno) y desventajas (lo malo) para usted como mujer de los programas productivos agropecuarios liderados desde la alcaldía del municipio de Iza- Boyacá? Dentro de las ventajas que resaltan se encuentran: el desarrollo de actividades que mejoran la productividad de sus proyectos, aprender sobre técnicas teórico- prácticas, recibir apoyo de la alcaldía y del SENA, así como apoyo económico y técnico (mejoramiento genético ovino), el trabajo en equipo y consolidar una asociación, entregan semillas y asesoría para sembrarlas.

Dentro de las desventajas que resaltan las encuestadas están: el machismo; los programas se quedan en lo urbano y no llegan a las veredas; tener que ir a las capacitaciones en el casco urbano, no llega la información de los programas; hace falta seguimiento de los programas; falta más énfasis en el apoyo hacia a las mujeres e incrementar los programas que incluyan mujeres rurales; no informan para participar en los mercados campesinos; la mujer campesina no es importante.

Es importante señalar que las respuestas con más recurrencia fueron: la centralización de las capacitaciones en la sede de la alcaldía o en el pueblo, situación que obstaculiza la asistencia de algunas mujeres por estar alejadas del casco urbano, por ello, sugieren que la alcaldía haga presencia con sus programas en las veredas. Asimismo, consideran que no llega la información de manera oportuna, de allí la necesidad de crear canales de comunicación eficientes.

Con relación a las respuestas de la pregunta 5 ¿Qué beneficios le otorga pertenecer a la política pública “Súmate por la equidad de género para las mujeres”?

Las 55 mujeres contestaron que no saben, no conocen o no han leído la política; por el contrario, solo 15 encuestadas consideran que esta es importante porque allí se encuentran las herramientas políticas y legales para reclamar sus derechos y participar de manera activa en los proyectos y programas de extensión rural, lo que se puede sintetizar como más participación ciudadana y mayores posibilidades de mejorar en la extensión agropecuaria y rural.

Para la pregunta 6: ¿Los proyectos productivos agropecuarios que oferta la alcaldía de Iza, Boyacá u otra entidad son adecuados a sus expectativas y necesidades?

Las 29 mujeres contestaron sí, las respuestas recurrentes son: participar en ellos les permite capacitarse, mejorar sus conocimientos técnicos, obtener ayudas, diversifican la producción, pueden ejercer la autonomía económica, las motivan a seguir con sus proyectos y es importante que la alcaldía continúe con estos.

Las 41 mujeres que contestaron no, dicen que no conocen los proyectos, no se enteran de los mismos; desean participar, pero no les informan, asimismo, manifiestan que deben llevarse a las veredas, porque están centralizados.

Con respecto a la pregunta 7: ¿Cuál o cuáles son los productos agrícolas que está cultivando o procesando actualmente?

A la producción de leche se dedican 32 mujeres; a la ganadería 11; a la crianza y comercialización de ovinos 14; a la producción de huevos 5; a la de papa 4; a la de hortalizas 3 y pollos 1, es necesario señalar que algunas mezclan estos con el cultivo de arveja, y con huertas caseras.

Frente a la pregunta 8: ¿El dinero que invirtió para sembrar el producto lo consiguió por medio de:

Las 26 mujeres contestaron por medio de un préstamo, dentro de ellas 6 también fueron beneficiarias de subsidios; por sus ahorros 23, dentro de ellas 6 obtuvieron subsidios; 17 por medio de inversión familiar y 4 de ellas también por subsidio; únicamente mediante subsidio 3 y por otras fuentes 1.

Para la pregunta 9 en la gráfica 2 se evidencian los resultados.

Gráfica 2. Respuestas para la pregunta 9

Gráfica 2. Respuestas para la pregunta 9

Fuente: elaboración propia

Con relación a la pregunta 10: ¿Considera que los hombres tienen más beneficios que las mujeres para acceder a los subsidios, ayudas o capacitaciones relacionadas con proyectos productivos agropecuarios de la alcaldía u otra entidad del gobierno?

Las 70 mujeres respondieron sí, manifestando que se deben incluir para mejorar los ingresos, la calidad de vida, visibilizarlas, sentirse apoyadas, porque ellas cuentan con las mismas capacidades de los hombres; además, la mujer campesina es el motor del campo.

Los resultados para la pregunta 11: ¿Las ganancias de su proyecto productivo agropecuario en qué las invierte? Muestran que 66 mujeres destinan sus dividendos al hogar, dentro de estas hay 21 que además asignan una parte para el pago de préstamos e iniciar sus proyectos productivos; 4 reinvierten el dinero.

Frente a la pregunta 12: ¿De acuerdo con su experiencia en cuántos años puede acreditarse un proyecto agropecuario y lograr ser independiente? 29 mujeres respondieron que se deben destinar de 2 a 4 años; 30 afirman que es necesario de 5 a 8 años; 11 consideran que esto se logra en más años.

Con relación a la pregunta 13 ¿Ha asistido a capacitaciones o actividades convocadas por la alcaldía de Iza- Boyacá con relación a proyectos productivos agropecuarios? 30 mujeres respondieron sí, con intensidades horarias que oscilan entre las 4 y las 300 horas de capacitaciones; 40 contestaron no.

Para la pregunta 14: ¿Qué curso o capacitación considera importante que se oferte desde la alcaldía de Iza, Boyacá para su proyecto productivo agropecuario, el cual permita mejorar los procesos de producción, venta y publicidad de sus productos?14 mujeres respondieron que es necesario recibir capacitación en tecnología; 30 en manejo de finanzas; 5 en trasformación de materias primas; 3 en comercialización; 3 cooperativismo, 5 en emprendimiento, 3 en huertas caseras, 7 en manejo de producción ovina.

Con respecto a la pregunta 15, en la gráfica 3 se evidencian los resultados.

Gráfica 3. Respuestas de las mujeres para la pregunta 15.

Gráfica 3. Respuestas de las mujeres para la pregunta 15.

Fuente: elaboración propia.

Discusión de resultados

Los resultados muestran que las desigualdades de género en el municipio de Iza, Boyacá son recurrentes y se han naturalizado, estos concuerdan con la investigación que realizaron Bedoya y Velásquez (2020), donde señalan que las mujeres rurales cumplen funciones fundamentales en el desarrollo económico, el bienestar y la calidad de vida del campo, advirtiendo que esta inequidad se reduce cuando desde las entidades gubernamentales propician el acceso a capacitaciones, créditos, subsidios, así como por la implementación de políticas públicas que propendan por la ejecución de proyectos productivos acordes con las necesidades de las mujeres del lugar donde se pretende efectuar la política.

Asimismo, hay congruencia con los resultados de la investigación que adelantaron Gómez y Sanabria (2020), quienes hallaron que las prácticas patriarcales han agudizado la desigualdad, porque las oportunidades y diferencias en los derechos y deberes de las mujeres son más reducidas y restringen la libertad, la autonomía y voluntad en el caso de las mujeres rurales. Advirtiendo que no basta con incluir el enfoque de género en los documentos, metodologías e indicadores, porque para que se den cambios sustanciales y reales es necesario diseñar políticas públicas pertinentes y realizables, esto se logra cuando se capacitan a los funcionarios para que tengan las herramientas e implementen las estrategias adecuadas en la aplicación de las mismas, así como con respecto a la evaluación del impacto de las políticas públicas es fundamental hacer el debido acompañamiento y el seguimiento sigiloso a su ejecución.

Los hallazgos también muestran que las mujeres rurales tienen más obstáculos que los hombres, porque no se les provee la información adecuada ni se les socializan las políticas públicas o los programas, además, tienen más dificultades que los hombres para capacitarse, acceder a créditos, también, invierten más tiempo en las labores de cuidado, lo que ocasiona perdida de autonomía, estos datos son coherentes con los resultados de la investigación realizada por Ramírez et al (2015).

Asimismo, los resultados evidencian que la mujer rural está en una relación de subordinación con respecto al hombre, lo que repercute en privilegios y mejores posibilidades para ellos, por ejemplo, en el acceso a capacitaciones o adquisición de conocimientos técnicos, tecnológicos o científicos, lo que impide que ellas se cualifiquen y obtengan conocimientos aplicables para mejorar sus procesos de producción, por lo tanto, no puedan conseguir trabajos remunerados, esto perpetua y naturaliza el estigma sobre ellas, de tal manera que solo se ve a la mujer como procreadora donde su única opción sea el trabajo doméstico, esto resultados son concordante con la investigación que desarrollaron Bueno y Suárez (2021).

Conclusiones

Las políticas públicas con enfoque de género no se pueden convertir en normas de papel, estas deben estar encaminadas a solucionar problemas reales, impactar la población de manera efectiva, así como eliminar las injusticias e inequidades que han padecido las mujeres rurales. Para que esto se logre es fundamental hacerles evaluación y seguimiento a las políticas públicas. También es decisivo para mejorar su calidad de vida, diseñar proyectos acordes con sus necesidades, capacitarlas en tecnificación de procesos, implementación de tecnologías, estrategias de mercadeo, finanzas y comercialización.

Para que los proyectos productivos emprendidos por las mujeres rurales generen rentabilidad a corto, mediano y largo plazo, es menester una gestión gubernamental proyectada y planificada que permita que los planes de desarrollo y las políticas públicas estén articuladas y se garantice la continuidad de las mismas, estas no pueden estar limitadas al cuatrienio de cada gobierno, ni pensadas para beneficio de los funcionarios de turno.

Visibilizar y reparar la discriminación frente a la mujer rural requiere de acciones estatales e institucionales efectivas y adecuadas a las necesidades de la población y contextualizadas a los territorios para que los beneficios lleguen hasta las veredas y fincas, evitando la centralización. De allí la importancia de que los gobiernos diseñen e implementen programas sociales y políticas públicas con un enfoque de género, para propiciar que las capacidades sean estimuladas y se logre la realización de los proyectos de vida de cada mujer, lo que repercute en movilidad social, acceso a mejores oportunidades, seguridad, educación y vivienda, por lo tanto, se incremente la calidad de vida y se impacte significativamente la convivencia democrática e incluyente. Esta es una razón contundente para diseñar políticas públicas que estén fundamentadas y pensadas para lograr cambios estructurales y no paliativos a problemas complejos como el de la pobreza e inequidad. Asimismo, es una acción reparadora y de reconocimiento de su invaluable aporte a la producción agropecuaria, a la economía del cuidado, al sostén de la familia y a la economía del campo pasar del lenguaje incluyente a las acciones propias que vinculen y resignifiquen la gran labor de las mujeres rurales.

La mujer rural está en condición de desigualdad con relación al hombre, al ser subvalorado su rol y potencialidad laboral, tratamiento que trae consigo estigmas y prejuicios sobre su identidad e imagen. En Colombia las personas del campo han estado excluidas de educación de calidad, condiciones de salubridad y oportunidades laborales para ascender socialmente. Por lo tanto, para reducir las desigualdades e injusticias es necesario modificar prácticas culturales que han considerado que la mujer debe estar confinada a las labores domésticas, al cuidado y que son poco productivas, además, de ser débiles y poco emprendedoras, asimismo, el estigma que tienen sobre las decisiones acerca de su sexualidad, sobre su cuerpo, sus propiedades, sus finanzas y proyectos de vida. De allí que el Estado y los entes territoriales deban propiciar las garantías para que la mujer rural no siga siendo discriminada, excluida política, económica y socialmente.

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